Los responsables de la golpiza contra un manifestante serán llevados ante el tribunal con cargos sobre tortura.

Santiago de Chile, 16 mar (RHC) Los carabineros (policías chilenos) acusados de una golpiza a Mario Acuña serán llevados este martes ante un tribunal para ser procesados por tortura, en un episodio el cual la causó daños neurológicos severos e irreversibles al manifestante.

Se trata de los carabineros Jonathan Alexis Neira Chaparro y Víctor Antonio Lastra Marguirot, además del cabo segundo Henry Giovanny Cuellar Vega, a quienes la Fiscalía les imputará el delito de lesiones "graves gravísimas" con ocasión de tortura.

Los hechos refieren a lo acontecido el 23 de octubre de 2019, en pleno desarrollo del estallido social chileno, cuando Mario Acuña Martínez de 42 años en ese entonces, se encontraba en una plaza pública y según relataron testigos, mientras se desarrollaba una manifestación donde participaban adultos y niños, llegaron funcionarios de Carabineros, quienes con violencia habrían dispersado a las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo a la versión de familiares, luego de la llegada de los uniformados y pasado un rato, llegó Mario Acuña a su casa, con múltiples heridas y golpes en su cuerpo, gritando “me pegaron los pacos (en referencia a los carabineros)”. Luego perdió la conciencia.

Al ser trasladado hasta el hospital, donde se mantuvo internado por unos cuatro meses, tiempo en que incluso llegó a estar en coma. El diagnóstico fue traumatismo encéfalo craneal grave complicado y hematoma subdural derecho.

Luego de varios meses de exigir justicia por parte de la familia, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizará la investigación contra los tres uniformados, bajo el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura.

De acuerdo a Mariela Santana, abogada y coordinadora de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y querellante en representación de la familia de Mario: "Esos hechos corresponden al tipo penal de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, que nuestra legislación ha incorporado y que tiene un carácter de delito de lesa humanidad cuando es cometida por agentes del Estado". (Fuente: Telesur)