La Paz, 26 mar (RHC) El alto mando castrense posicionado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, está comprometido a contribuir con el esclarecimiento de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), afirmó una fuente oficial.
El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que los exjefes de las Fuerzas Armadas del gobierno de facto (2019-2020) fueron destituidos en diciembre pasado por negarse a entregar información sobre la participación de los militares en esos hechos y otras acciones represivas tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
En el programa Piedra, Papel y Tinta del diario La Razón, Lima destacó que el nuevo mando liderado por el general César Vallejos garantiza el desarrollo de las pesquisas para llevar ante la justicia a los responsables del luto de varias familias bolivianas.
Precisó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investiga los hechos de violencia de septiembre a diciembre de 2019 recibe información importante relacionada con las Fuerzas Armadas a medida que la solicitan.
Según fuentes oficiales, Arce relevó de sus cargos a Jaime Alberto Zabala, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Miguel Ángel Contreas, exjefe del Estado Mayor Accidental, y a Faud Genaro Ramos, excomandante de la Fuerza Aérea, César Moisés Vallejos Rocha, excomandante de la Fuerza Aérea, y Javier Torrico Vega, excomandante de la Armada.
El 15 de noviembre de 2019 un enfrentamiento entre movilizados que rechazaban la asonada golpista contra el presidente Evo Morales y la Policía en el puente de Huayculli, Sacaba, dejó un saldo de cinco fallecidos y decenas de heridos.
Los hechos documentados por la misión de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desplegada en Bolivia fueron calificados como graves violaciones de esos, al igual que el enfrentamiento del 19 de noviembre en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz.
La represión contra manifestantes opuestos al régimen de facto durante una operación policial-militar para desbloquear las rutas desde la planta de gas de Senkata dejó un saldo de 10 muertos.
La expresidenta de facto Jeanine Áñez, exministros y exjefes militares están en prisión preventiva por el caso del golpe de Estado acusados de terrorismo, sedición y conspiración, entre otros delitos.
Órdenes de aprehensión fueron emitidas contra el extitular de la Presidencia Yerko Núñez, con paradero desconocido, así como Arturo Murillo (Gobierno) y Fernando López (Defensa), estos últimos fuera del país de forma ilegal.
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