El regreso de Lula a la vida pública brasileña, con todos sus derechos establecidos, es una victoria
de la democracia y el estado de derecho. (Foto:PL)
Buenos Aires, 16 abr (RHC) El Grupo de Puebla celebró la ratificación de la Suprema Corte de Brasil (STF) de anular todas las condenas contra el expresidente, Luis Inácio Lula da Silva, en el ámbito de la llamada Operación Lava Jato.
'La decisión del pleno del STF se suma a la de la Segunda Sala de la Corte que ya había reconocido la actuación política y parcial del entonces juez Sérgio Moro para condenar a Lula', subrayó en un comunicado esa alianza progresista, que agrupa a personalidades de 17 países.
El Grupo destacó que con esta decisión, el exmandatario brasileño recupera sus derechos políticos y podrá, si así lo desea, ser candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2022.
'Aunque tardías, restablecen una verdad histórica de que Lula fue víctima de una persecución judicial, de un proceso de lawfare (guerra judicial) y del arbitrio del Estado, que actuó deliberadamente para evitar que se postulara para presidente en las elecciones presidenciales del 2018', acota el comunicado.
Asimismo, el Grupo añadió que las recientes acciones contra Lula desde 2014, cuando comenzó la operación político-judicial, siempre hubo fundamentos políticos, económicos y geopolíticos, disfrazados como la lucha contra la corrupción, y que instalaron al ultraderechista Jair Bolsonaro en la presidencia.
La alianza consideró que la persecución judicial contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT), fue parte de un proceso de deconstrucción de la imagen de los gobiernos progresistas en Brasil, que ya había comenzado con un golpe sin responsables contra Dilma Rousseff.
'Por eso, el regreso de Lula a la vida pública brasileña, con todos sus derechos establecidos, es una victoria de la democracia y el estado de derecho', señala el texto.
Por último, la agrupación que auna a dos mandatarios en funciones, varios exgobernantes, excancilleres y parlamentarios, expresó su confianza de que esta resolución sea el punto inicial de un proceso de responsabilización de los daños políticos y económicos surgidos a raíz de una investigación ilegítima.
Como organización de América Latina, el Caribe y España, continuaremos nuestra ardua lucha, denunciando y combatiendo, la guerra judicial en Brasil y en la región, concluye el comunicado. (Fuente:PL)
