La instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación que indagará las posibles negligencias que él y sus ministros, habrían cometido desde que estalló la crisis sanitaria por la COVID-19, en marzo de 2020. Desde entonces, más de 14 millones de personas han contraído una enfermedad que también les ha costado la vida a más de 400 mil.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, recomendó remedios sin eficacia comprobada para tratar la COVID-19 y hasta desdeñó las vacunas. Científicos y políticos atribuyen a esas posturas la crítica situación que ahora vive este país.
El presidente y su Gobierno, podrán enfrentar hasta 23 posibles acusaciones, entre ellas, la ausencia de medidas restrictivas para reducir los contagios; minimizar la gravedad de la pandemia; retrasos en las pagas de auxilio de emergencia o el genocidio de indígenas.
La composición del órgano no es la que Bolsonaro y su partido deseaban. De los 11 senadores titulares que la integran, sólo cuatro son aliados del presidente.
La comisión tendrá un máximo de 180 días para concluir su investigación. Los resultados podrían desembocar en el juicio político de Bolsonaro, quien aspira a un segundo mandato.
