En las acciones de protestas los participantes exigirán justicia por los más de 70 asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de lesiones oculares a manos de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El 28 de abril pasado comenzó un paro nacional contra un proyecto de reforma tributaria que aumentaría los impuestos a bienes y servicios y crearía nuevos gravámenes.

Aunque pocos días después el gobierno de Duque retiró la propuesta, el paro continuó y devino un estallido social considerado el mayor de los últimos 70 años.

En estos dos meses, la violencia de la fuerza pública y de civiles apoyados por la policía dejó un saldo de más de 80 heridos, cientos de desaparecidos, 81 personas lesionadas en sus ojos, torturas, entre otras acciones represivas nos, documentan organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Pese a estas cifras aportadas por colectivos como Temblores ONG, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, los participantes en el paro aseguran que obtuvieron varios resultados.

Recalcan que se logró frenar la reforma tributaria, la reforma de Salud, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y del comandante de la Policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez.

Permitió impedir la compra de 24 aviones de guerra por una millonaria suma y acabar con las alocuciones diarias del programa Prevención y Acción, en el cual el presidente del país, Iván Duque, aparecía cada día para tratar temas relacionados con la Covid-19.

Las movilizaciones diarias lograron la matrícula gratuita del segundo semestre de este año para los estudiantes de educación superior pública de los estratos más bajos.

El paro logró posicionar la necesidad de una reforma estructural en la Policía Nacional, visibilizar a la juventud, la Primera Línea y la Minga indígena como actores revolucionarios.

De igual forma permitió fomentar la participación ciudadana (asambleas y cabildos abiertos); visibilizar ante el mundo la crisis política y social que vive Colombia con el gobierno de Duque, priorizar la vida y la paz por encima del fútbol puesto que se evitó la celebración aquí de la Copa América.

Las movilizaciones también lograron resignificar la memoria histórica del país y que gran parte de Colombia se declarara contraria a las doctrinas impulsadas por el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido oficialista Centro Democrático.

Por último, posibilitó sacar a la luz la masiva y sistemática violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la exigencia para desmantelar el Esmad.

En este contexto, por un lado el Comité Nacional de Paro pidió al gobierno firmar un preacuerdo para garantizar el derecho a la protesta, y por el otro la administración de Duque exigía para ello la eliminación de los bloqueos de vías.

Aunque la población movilizada quitó gran parte de esas barreras, el gobierno siguió en su posición negativa, por lo que el Comité interrumpió temporalmente las movilizaciones, pero acordó un nuevo plan de acción.

Representantes de ese colectivo señalaron que tomaron esa decisión ante la actitud de la administración de Iván Duque que desconoció el preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica.

Además, porque expidió el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social; continúa dilatando la negociación del Pliego de Emergencia presentado el 20 de junio de 2020 y en actitud despótica, decidió como política el uso desmedido de la fuerza pública, agregaron.

No obstante, sectores que no se sienten representados por el Comité mantienen las protestas pacíficas, reprimidas por la violencia policial.

El nuevo plan establece la elaboración de proyectos de ley sobre asuntos contenidos en el pliego de emergencia los cuales serán entregados al Congreso el próximo 20 de julio y así continuar la lucha.

Para ese día, la agrupación integrada por sindicatos, gremios, organizaciones estudiantiles y otras, convocó a una movilización bajo la consigna 'Por la vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque'.