Imagen de archivo/RHC

Caracas, 12 oct (RHC) El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció la violencia estructural y sistemática contra los ciudadanos de este país en Colombia, como resultado de políticas discriminatorias.

En rueda de prensa en la sede del Ministerio Público, el titular reiteró el llamado a las autoridades colombianas a esclarecer el asesinato de dos menores venezolanos ocurrido el 9 de octubre en el casco urbano del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Las víctimas fueron retenidas tras ser acusados de hurto a un almacén, maniatados y grabados mientras se observa a un hombre de la comunidad con las intenciones de entregarlos a la policía 'para que no aparecieran muertos en la vía', reseñó Saab.

Posteriormente llegaron hasta el lugar individuos armados que se llevaron a los menores, quienes horas más tarde fueron encontrados ya ejecutados sobre la vía que conduce al municipio de El Tarra, agregó.

Hemos enviado una comunicación al Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, donde solicitamos sean esclarecidos los hechos y determinadas las responsabilidades en el asesinato de estos dos niños ejecutados en la vía pública, manifestó Saab.

El titular del Ministerio Público subrayó que no se trata de un hecho aislado, al citar cifras de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, sobre el asesinato de al menos mil 933 migrantes venezolanos asesinados en Colombia y otros 836 reportados como desaparecidos entre 2015 y 2020.

La Organización No Gubernamental también advirtió que dos mil 319 migrantes de Venezuela resultaron víctimas de violencia sexual en el mismo período, la mayoría mujeres menores de edad, agregó.

Hablamos de que existe una violencia estructural contra venezolanos en ese país, provocada por el discurso antivenezolano predominante en las élites políticas y mediáticas, así como por las políticas discriminatorias adelantadas por sus autoridades, manifestó Saab.

Ante este escenario, el fiscal general de Venezuela exigió que el caso de los menores asesinados sea investigado y los responsables sancionados con todo el peso de la ley. (Fuente:PL)