Aunque el régimen de excepción prevé erradicar con la violencia en el país, su aplicación atenta contra la estabilidad de la población. | Foto: EFE

San Salvador, 11 may (RHC) La directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Leonor Arteaga, denunció la víspera que no informar a las familias de los detenidos durante el régimen de excepción puede considerarse como un protocolo de “desapariciones forzadas”, según derecho internacional.

Leonor Arteaga recordó que "nadie puede ser detenido en 'secreto', las privaciones de libertad siempre deben constar en un registro y existir comunicación con la familia" y así lo reflejan la Convención Interamericana y la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas.

Exigió la investigación de las detenciones que se originan en el marco de una extensión del régimen de excepción en el Gobierno de Nayib Bukele por petición de Congreso de El Salvador.

La medida, que prohíbe las garantías constitucionales a los salvadoreños, fue tomada como medida de contención por parte del Gobierno tras el incremento de la violencia en el país y el asesinato de 87 personas a finales de marzo.

La representante del DPLF, que también es abogada especializada en DDHH, justicia transicional, género y seguridad ciudadana, señaló que “las detenciones secretas tienen que investigarse, al menos temporalmente, como desapariciones forzadas, tomando en cuenta el contexto caracterizado por capturas masivas, casi sin garantías de debido proceso y escaso control judicial”.

Apuntó que si bien El Salvador no es parte de las Convenciones sobre Desapariciones Forzadas, sí está obligado a dar información por la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Las autoridades policiales de este país han registrado la detención de alrededor de 27.344 presuntos pandilleros, de los cuales, alrededor del 70 por ciento fueron interceptados arbitrariamente en detrimento de sus derechos humanos. (Fuente/Telesur)