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Buenos Aires, 7 dic (RHC) La indignación y el desconcierto predominan este miércoles entre integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales de Argentina que denuncian los intentos de proscribir y encarcelar a la vicepresidenta Cristina Fernández.

La víspera, el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.

Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la vicemandataria rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.

La ex jefa de Estado señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió.

Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria y la Fundación Memoria Histórica y Social, entre otros organismos manifestaron su respaldo a Fernández y repudiaron el fallo.

Nos llena de indignación que se pretenda proscribir e incluso privar de libertad a una referente popular de indiscutible trascendencia en la vida política y social argentina, señala un comunicado de esas organizaciones.

Mas allá de que los argumentos del Tribunal no fueron divulgados aún y que la sentencia no se encuentra firme, consideramos que la estrategia judicial y la acción mediática de la Fiscalía son parte de un mismo lineamiento de persecución para hostigar a dirigentes que se oponen a las políticas neoliberales, añade.

Asimismo, recuerda que la causa contra la expresidenta fue sobreseída en Santa Cruz por inexistencia de delito, por lo cual el proceso es arbitrario pues violenta el principio de no juzgar o sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho.

Llama poderosamente nuestra atención que no se tenga en cuenta la complicidad o cercanía entre los miembros del Tribunal y el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), datos conocidos y acreditados públicamente. Eso basta para deslegitimar y considerar nulas las resoluciones de los magistrados, indica.

Estamos ante un hecho de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política contra Fernández. Manifestamos nuestra voluntad de seguir reclamando el cese de esos actos cargados de misoginia y discriminación, concluye.

Según se precisó, el Tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo el 9 de marzo de 2023, tras lo cual la defensa y la fiscalía tendrán 10 días para presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En esa instancia el proceso puede tardar meses y el caso será analizado por la sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, los dos primeros vinculados a Macri.

Una vez agotada esa etapa, se puede recurrir a la Corte Suprema que no tiene plazos para decidir.

Según la agencia de noticias Télan, la sentencia quedará firme cuando se pronuncie ese organismo y, si en ese momento alguno de los condenados tiene fueros por ejercer un cargo electivo, será necesario un juicio político para ordenar su detención.

También existe la posibilidad de acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.