Primer ministro peruano, Alberto Ortárola.

Lima, 31 dic (RHC) La decisión sobre el uso de armas ante inminentes nuevas protestas en Perú, seguirá en manos de militares y policías, según declaraciones publicadas este sábado, del primer ministro peruano, Alberto Ortárola.

El presidente del Consejo de Ministros declaró al diario El Comercio que no hubo orden de disparar durante las protestas desatadas el 8 de diciembre -con un saldo de 26 muertos-, contra la destitución del presidente Pedro Castillo, hoy preso, y su reemplazo por Dina Boluarte.

“Hubo una instrucción específica de proteger la salud y la vida de los peruanos, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas tienen bien claro cuál es su deber, a través de sus procedimientos sobre el uso de la fuerza, son reglamentos que han sido trabajados desde hace mucho tiempo y que están vigentes”, alegó.

Agregó que el Gobierno va a garantizar el orden público y lamenta las muertes, “pero nosotros tenemos que tener un alto sentido de la responsabilidad y seguir tomando decisiones para la protección de la integridad de todos nuestros compatriotas”.

Otárola fue consultado también sobre la posibilidad de que no participen en las operaciones contra las protestas a reiniciarse los generales Jesús Vera y Ántero Mejía, respectivamente jefes del Ejército y la Policía de la región surandina de Ayacucho, la de mayor mortandad, investigados por las muertes allí registradas.

“Es una decisión que deberá tomar el ministro de Defensa, entiendo que están haciendo su propia investigación interna, que es lo que corresponde, concretamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y creo que hay que darle tiempo al tiempo”, respondió.

El número dos del Gobierno reiteró también que las tropas actuaron contra grupos violentos y hasta terroristas, según calificó, que aprovecharon el descontento social, aunque hay denuncias de excesos de los uniformados.

Entretanto, el analista político Javier Azpur cuestionó la pacificación proclamada en anteriores declaraciones por Otárola, quien durante los graves sucesos fue ministro de Defensa, por lo que opositores lo consideran responsable directo de las consecuencias.

“Este inicio de diálogos en regiones llega tarde, luego de casi tres decenas de asesinados y de calificar de terroristas y vándalos a una ciudadanía indignada”, dijo el comentarista.

Indicó que la jefa de Estado, abucheada ayer por manifestantes en una visita a la ciudad surandina de Cusco, en la que llamó al diálogo, no es consciente de sus errores ni asume sus responsabilidades como la declarar el estado de sitio y usar fuerzas armadas.

Señaló que la presidente solo ofrece dialogar sobre proyectos sociales y económicos, pero se niega a tratar reclamos políticos, como el adelanto de las elecciones para el próximo año y no para abril de 2024, como decidió el impopular Parlamento.

Según Azpur, a ello se agregó que políticos y medios de prensa adversos a Castillo tuvieron hacia su gobierno “un discurso de menosprecio y racismo que la población andina, especialmente la campesina, sentía como afectaciones directas contra ellos”, sobre lo cual, acotó, no dice nada la actual presidenta. (Fuente:PL)