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Lima, 24 ene (RHC) Un grupo de 46 abogados peruanos anunció este martes una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, por más de 50 muertes registradas en las protestas que demandan su renuncia, sobre todo en el sur del país.

Clara Salinas Quispe, vocera de los renunciantes, dijo que la denuncia incluye al primer ministro Alberto Otárola y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre.

También a los exministros del Interior César Cervantes y Víctor Rojas y los congresistas de derecha extrema Jorge Montoya y Patricia Chirinos, entre otros.

Precisó que la denuncia lo acusará de crímenes de lesa humanidad cometidos mediante una política sistemática de represión que ha dejado un gran número de muertos, heridos y torturados en las protestas iniciadas en diciembre pasado y en una segunda ola que se mantiene desde el 4 de enero último.

La presidenta es también investigada junto a miembros e exintegrantes de su Gobierno por el Ministerio Público por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros cargos, además de las muertes ocurridas durante el conflicto social.

“Tienen que asumir su responsabilidad, no es posible que esos crímenes queden sin investigar”, dijo y añadió que los 46 abogados denunciantes provienen de las ciudades sureñas de Puno y Arequipa.

Esas urbes son capitales de las respectivas regiones del mismo nombre, siendo la primera la que más muertes registra.

Sobre el hecho de que la Corte Penal Internacional solo admite casos cuando se hayan agotado las instancias nacionales sin castigo para los crímenes, Salinas explicó que la denuncia pide acogerse a un artículo del estatuto del tribunal que establece excepciones de esa exigencia.

Añadió que, en este caso, hay evidencias claras de que el sistema de justicia tiene una línea de conducta que no garantiza justicia.

La letrada explicó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desactivó la mitad de las fiscalías dedicadas a investigar violaciones de derechos humanos.

Además, apuntó que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegada para observar la situación durante las protestas, que en el Perú no hay violaciones de esos derechos. (Fuente: Prensa Latina).