La controversia constitucional fue presentada por el INE el 9 de marzo | Foto: SCJ
Ciudad de México, 25 mar (RHC) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México frenó este viernes la aplicación de la reforma electoral que impulsa el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La SCJN suspendió por tiempo indefinido la entrada en vigor del plan B al admitir a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).
El máximo tribunal del país informó que esta controversia corresponde ser analizada por el ministro Javier Laynez Potisek.
El juez admitió la demanda y concedió la suspensión “solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”.
Una vez que el recurso ha sido admitido a trámite, el ministro Laynez deberá recibir los argumentos de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre esta reforma, elaborar un proyecto de sentencia y proponerlo al pleno de la SCJN, lo que no tiene fecha para concretarse.
Este fallo se produce cuando la oposición al presidente López Obrador ha presentado recursos judiciales para frena la reforma del Gobierno mexicano en materia electoral, conocida como plan B, luego que una anterior no alcanzó la mayoría en el Congreso para convertirse en ley.
El llamado "Plan B" de la reforma electoral aprobada en el Senado reduce el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral (INE), la institución que organiza los comicios en México.
Ante la entrada en vigor de la reforma, la oposición y el INE impugnaron los cambios y presentaron en juzgados amparos para evitar que procedan los cambios promovidos, que ahora estarán suspendidos.
El presidente mexicano defiende que las medidas permitirán ahorrar millones de dólares (calificó de "estratosféricos" los salarios de los altos cargos del INE) y asegura que harán que las votaciones sean más eficientes.
Además, acusa al organismo de no ser imparcial y de haber permitido fraudes electorales en el pasado, por lo que había prometido modificarlo desde que accedió a la presidencia del país.
