Imagen: Twitter.

Quito, 27 mar (RHC) La Corte Constitucional de Ecuador determinó que el juez Ricardo Ortiz sea el nuevo encargado de la elaboración de un dictamen sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

La propuesta de la magistrada Teresa Nuques, presentada este lunes, no alcanzó el mínimo de seis votos de respaldo entre los nueve integrantes del tribunal.

Según circula en redes sociales, el pronunciamiento de Nuques estaba encaminado a rechazar el pedido para enjuiciar políticamente al mandatario, aunque su contenido no se ha hecho público de forma oficial.

A pesar del cambio de juez, se espera que la Corte emita una decisión esta misma semana sobre la solicitud de la Asamblea Nacional (parlamento) que podría adelantar el fin del gobierno de Lasso.

Para iniciar el juicio político contra el jefe del Ejecutivo es imprescindible el visto bueno de esa instancia judicial, de lo contrario habría que archivar la petición, impulsada por los legisladores Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo.

Los asambleístas apelan al artículo 129.2 de la Carta Magna y acusan a Lasso de incurrir en los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, en Petroecuador, y en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato de Lasso, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.

En la mañana de este lunes, un grupo de ecuatorianos exigió frente a la Corte la admisión del juicio político contra el gobernante, quien es acusado de cometer delitos contra la administración pública.

Para la asambleísta Viviana Veloz, quien estuvo a cargo de las investigaciones del caso de presunta corrupción, admitir el juicio es la única salida constitucional que evitará un estallido social en el país.

En una entrevista ofrecida a la emisora Radio Pichincha, Veloz exhortó a los letrados a resolver el caso apegados al derecho y también interpretar el sentir mayoritario de la gente.

Si los magistrados se pronuncian en contra, el caso se archiva, pero si lo aprueban, vuelve al parlamento y allí la Comisión de Fiscalización debe decidir si recomienda o no el procedimiento en un plazo de 30 días.

Una vez esté listo el informe el jefe del legislativo convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento, donde el mandatario tiene derecho a defensa y para aprobar su destitución se deberá contar con el voto de 92 asambleístas de un total de 137. (Fuente: Prensa Latina).