Foto: Ecuavisa.

Quito, 28 mar (RHC) La Corte Constitucional de Ecuador desmintió este martes la información sobre la admisión del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, quien es acusado de delitos contra la administración pública.

En un comunicado emitido en la tarde de este martes, la Corte aclaró que aún el pleno de esa instancia no se ha reunido a discutir ese asunto desde que la víspera designó al juez Richard Ortiz como nuevo ponente del caso.

Cientos de mensajes en redes sociales de medios de comunicación, políticos y organizaciones de la sociedad civil circularon con la información sobre la supuesta admisión del pedido para enjuiciar políticamente al gobernante.

Se espera que la Corte emita una decisión esta misma semana sobre la solicitud de la Asamblea Nacional (parlamento) que podría adelantar el fin del gobierno de Lasso.

Para iniciar el procedimiento contra el jefe del Ejecutivo es imprescindible el visto bueno de esa instancia judicial, de lo contrario habría que archivar la petición, impulsada por los legisladores Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo.

Los asambleístas apelan al artículo 129 de la Carta Magna y acusan a Lasso de incurrir en los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, en Petroecuador, y en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato de Lasso, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.

Este martes, cientos de indígenas ecuatorianos exigieron frente a la Corte un pronunciamiento favorable de esa institución respecto al juicio contra el gobernante, considerado como una salida democrática a las diferentes crisis que vive el país.

Hoy vinimos de forma pacífica, pero si tenemos que salir luego a las calles no queremos que nos digan violentos o terroristas, manifestó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza al asegurar que en caso de no aceptar el juicio político habrá movilizaciones.

Si los magistrados se pronuncian en contra, el caso se archiva, pero si lo aprueban, vuelve al parlamento y allí la Comisión de Fiscalización debe decidir si recomienda o no el procedimiento en un plazo de 30 días.

Una vez esté listo el informe el jefe del legislativo convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento, donde el mandatario tiene derecho a defensa y para aprobar su destitución se deberá contar con el voto de 92 asambleístas de un total de 137. (Fuente: Prensa Latina).