Desde Udefegua señalaron que tras la represión subyace una venganza de carácter político contra quienes se pronuncian
contra la impunidad y corrupción. (Foto: Codepu)
Ciudad de Guatemala, 31 mar (RHC) Defensores de derechos humanos (DD.HH.) y organizaciones sociales de Guatemala denunciaron este viernes el incremento de la persecución y la criminalización en su contra, maniobra política que consideran es promovida por el Estado para acallar las voces contra el saqueo de los recursos y la corrupción.
La víspera, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal retomó una causa abierta en noviembre de 2021 contra la activista indígena kaqchikel, Nanci Chiriz Sinto, la puso bajo arresto domiciliario y la envió a juicio pese a que otra jueza desestimó este proceso en junio de 2022 por falta de mérito.
Chiriz Sinto denunció que más allá de ser acusada sin pruebas de hacer pintas en las paredes del Congreso y depredar el patrimonio nacional, lo trascendente es la intención de continuar persiguiéndola para detener su labor como defensora de DD.HH.
Aseguró que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei utiliza la institucionalidad de justicia para construir casos más de este tipo, en lugar de investigar con apego al derecho y la transparencia.
Consideró que la judicialización de defensores de DD.HH., operadores de justicia y periodistas se agudizó durante la gestión de Giammattei, iniciada en enero de 2020.
A juicio del abogado y defensor de DD.HH., Esteban Celada, lo más preocupante es que la derecha política trata de construir casos ejemplarizantes para que el pueblo tenga miedo de ejercer sus derechos fundamentales y defender la democracia.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), entre 2017 y 2022 se registraron 3.574 agresiones contra ambientalistas, líderes indígenas, reporteros, jueces y defensores de DD.HH. Un total de 1.002 denuncias sobre estos hechos fueron documentadas durante 2022.
El coordinador de Udefegua, Jorge Santos, consideró que tras esa política de represión subyace una venganza de carácter político contra quienes se pronuncian contra la impunidad y corrupción.
Al respecto, organizaciones sociales consideraron que la reciente aprobación por el Congreso del decreto 823, con reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia, procura criminalizar a los defensores de los bienes comunes. (Fuente:Telesur)
