Presidenta de Perú
Lima, 6 junio (RHC) La presidenta peruana, Dina Boluarte, compareció hoy ante la Fiscalía de la Nación, donde fue interrogada sobre las muertes registradas en las protestas contra su acceso al cargo, de diciembre a enero últimos.
Boluarte llegó antes de la hora fijada para su declaración, en medio de un despliegue de seguridad calificado como impresionante por decenas de reporteros que cubrían el hecho, y permaneció casi tres horas en el Ministerio Público.
La Policía, en gran número, rodeó la sede, que ocupa una manzana, en la céntrica avenida Abancay, e impidió el paso por las calles laterales y por la acera del frontis del edificio.
Los uniformados dispersaron un grupo de manifestantes que llevaban carteles con duros señalamientos contra la mandataria, llamada a declarar en una investigación preliminar sobre casi una veintena de muertos, abatidas a balazos, en la primera ola de protestas y decesos, en la región surandina de Puno.
La comparecencia de la presidenta se hizo efectiva tras una espera de tres meses, pues el 7 de marzo acudió a la sede del Ministerio Público, y declaró por Twitter haber cumplido, pero en realidad su declaración se frustró por el reclamo de la Procuradoría estatal, por su exclusión del interrogatorio.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señalada por juristas, parlamentarios y analistas ajenos al Gobierno y al oficialismo como favorable al Ejecutivo, insistió en rechazar la participación de la Procuradoría y de los abogados de las familias de las víctimas.
De otro lado, uno de los abogados de los deudos, Carlos Rivera, llamó la atención sobre la declaración, frustrada nuevamente ayer, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre.
Rivera señaló que la ausencia del alto jefe militar, convocado por la Fiscalía a declarar en el mismo caso, evidencia que “los militares esperan que Dina Boluarte declare y después verán qué dicen”.
La presidenta y el primer ministro Alberto Otárola, quien durante la primera etapa de las protestas era ministro de Defensa, coinciden en argumentar que no tienen responsabilidad de las muertes porque no ejercen, al igual que otros exministros involucrados, mando efectivo sobre los militares y policías, que actúan según sus protocolos.
Tal posición, según trascendidos recogidos por la prensa, causó malestar en las fuerzas armadas. (Fuente: PL)
