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Brasilia, 11 abr (RHC) A 188 asciende la cifra de condenados por participar en el intento golpista del 8 de enero de 2023 contra las capitalinas sedes del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial.

A tal dígito se llegó después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) sancionara a otros 15 implicados en los episodios antidemocráticos, teniendo en cuenta los cargos presentados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Cada acusado fue juzgado de forma individual en el pleno virtual del Supremo, cuando los ministros insertan sus votos en el sistema electrónico.

El STF impuso castigo por los delitos de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daño calificado y deterioro de patrimonio declarado.

Para 13 personas, las penas fueron fijadas en 14 años de prisión y para las dos restantes resultó de 17 calendarios.

La página oficial del STF indica que la mayoría del pleno acompañó el voto del ponente, ministro Alexandre de Moraes, en el sentido de que, “al pedir intervención militar, el grupo del que formaban parte tenía intención de derrocar al gobierno democráticamente elegido en 2022”.

El ponente observó que, conforme argumentaba la PGR, se trata de crimen de autoría colectiva (ejecución multitudinaria) en que, a partir de una acción conjunta, todos contribuyeron para el resultado.

Las defensas alegaron, entre otros puntos, que las conductas de los reos no fueron individualizadas, que los actos no tendrían eficacia para concretar el crimen de golpe de Estado, que pretendían participar en un acto pacífico y no habría existido el contexto de crímenes de autoría colectiva.

De Moraes constató que, entre las muchas pruebas presentadas por la PGR, algunas son explícitas, producidas por los propios involucrados, como mensajes, fotos y videos publicados en redes sociales.

También hay registros internos de cámaras del Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y del STF y pruebas con base en vestigios de ADN encontrados en esos locales, además de alegatos de testigos.

Este entendimiento fue seguido por la mayoría del colegiado.

La condena también cubre el pago de indemnización, a título de daños morales colectivos, en valor mínimo de 30 millones de reales (unos seis millones de dolares).

El monto será pagado solidariamente por todos los condenados, independientemente del tamaño de la pena.

Por otra parte, De Moraes validó otros 22 acuerdos firmados entre la PGR y personas que responden a acciones penales por los episodios golpistas. En total, 124 acusados por delitos menores se beneficiaron. (Fuente: Prensa Latina).