Madrid, 12 ene (RHC) El juicio contra la infanta española Cristina, imputada por fraude en el escándalo de corrupción que afecta a su esposo, Iñaki Urdangarin, se reanudará el 9 de febrero próximo con la declaración de los testigos.

 Antes de esa fecha, el tribunal de la Audiencia Provincial de Palma (islas Baleares) resolverá si se mantiene la acusación contra la hermana del rey Felipe VI o queda exonerada del banquillo, destacaron hoy medios periodísticos.

 En la primera sesión de la vista, que concluyó casi al filo de la pasada medianoche, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron, en consonancia con la defensa, la nulidad de los cargos que pesan sobre Cristina de Borbón, recuenta Prensa Latina.

 Todas las partes coincidieron en rechazar la legitimación del sindicato Manos Limpias para acusarla en el proceso del llamado caso Nóos por supuestos delitos fiscales.

 Jesús Silva, abogado de la hija del rey emérito Juan Carlos I, reclamó al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que declare la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de la imputada.

 También requirió al juzgado que desestime la legitimación de la acción popular, ejercida por Manos Limpias, para sostener en solitario la acusación contra su defendida, debido a que ni la Fiscalía ni la Hacienda Pública presentaron cargos.

 La infanta se convirtió este lunes en el primer miembro de la familia real española en sentarse en el banquillo de los acusados, tras una investigación de más de cinco años sobre el Instituto Nóos.

 Esa entidad sin ánimo de lucro fue presuntamente usada por Urdangarín y su exsocio Diego Torres para desviar unos seis millones de euros de fondos públicos.

 La Infanta Cristina se enfrenta a una petición de ochos años de prisión como supuesta cooperadora necesaria en fraude fiscal, una solicitud que formuló el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales en su contra.

 Urdangarín deberá responder por presunta prevaricación, fraude, tráfico de influencias y blanqueo, entre otros delitos.

 Parte del dinero desviado por Nóos se transfirió a una empresa propiedad de él y de la infanta y fue hipotéticamente utilizado para fines personales, como pagar facturas de aparcamiento o financiar fiestas de cumpleaños de sus hijos.

 El matrimonio, que tiene cuatro hijos, negó haber cometido  irregularidad alguna.

 La presidenta del tribunal de la Audiencia de Palma anunció que resolverá en cuatro semanas las cuestiones previas relativas a su competencia y las referidas a la legitimación de las acusaciones populares.

 Los jueces resolverán si se aplica a la infanta la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 referida al banquero Emilio Botín, la cual establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular.

 El juicio por el caso Nóos, una de las grandes causas por presunta corrupción de la historia judicial española, dañó en su momento la imagen de la monarquía y fue uno de los factores que contribuyó en 2014 a la abdicación del rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe.