Brasilia, 22 mar (RHC) El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux, desestimó un recurso presentado por la Abogacía General de la Unión para posesionar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como titular-jefe de la Casa Civil.

La Abogacía General de la Unión solicitó a esa corte la concesión excepcional de una medida que elimine la suspensión cautelar y todos los procesos relacionados con las acciones en trámite contra la designación de Lula al frente de la Casa Civil y los privilegios asociados a ese cargo.

También la decisión de Fux permite retomar el proceso de investigaciones sobre el supuesto vínculo del exprimer mandatario brasileño con el caso de corrupción en la empresa estatal Petrobrás, cuyos procedimientos son cuestionados por diversos sectores.

Mientras, en Ginebra, Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó preocupación por la creciente polarización política en Brasil, los discursos de odio que afectan a ese país sudamericano y el peligro de que conduzcan a un círculo vicioso negativo para la credibilidad de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Mientras la presidenta Dilma Rousseff denunció que en el país está en curso un golpe contra la democracia y reiteró que jamás renunciará al mandato otorgado por la mayoría de los brasileños en las urnas.

Yo preferiría no vivir este momento, pero algo debe quedar claro: me sobran energía, disposición y respeto a la democracia para enfrentar la conjura que amenaza la normalidad constitucional y la estabilidad del país, subrayó en un encuentro con juristas.

Rousseff advirtió que las asonadas golpistas pueden describirse con muchos nombres, pero serán siempre lo mismo, la ruptura de la legalidad. En este caso, no caben medias palabras, lo que está en curso es un golpe contra la democracia, remarcó.

Precisó que esa amenaza a la normalidad constitucional y estabilidad democrática de la nación tiene varias partes y una de estas es el proceso de impeachment contra su mandato que lleva adelante la Cámara de Diputados, pues éste carece de base legal.

No cometí ningún delito previsto en la Constitución y las leyes para justificar la interrupción de mi administración, dijo y enfatizó que quien es condenado por un crimen que no cometió sufre una injusticia brutal.

Ya padecí eso antes, durante la dictadura, y lucharé para no ser víctima de nuevo, ahora en plena democracia, apuntó.

La jefa de Estado denunció asimismo la llamada estrategia de "cuanto peor, mejor" que desde el comienzo de su segundo periodo de gobierno llevan adelante quienes todavía no se conforman con la derrota electoral de 2014, convirtiéndola en una acción sistemática, anti-republicana y antidemocrática.

Aludió también a la amenaza que representa para la democracia cuando alguien encargado de impartir justicia opta por incumplir las leyes y la Constitución, o cuando asume como meta condenar a un adversario en vez de actuar apegado a derecho y con imparcialidad.

En estos momentos espero escuchar el sonido del martillo de la Justicia siendo batido por jueces, magistrados y ministros sensatos, serenos e imparciales, enfatizó.

Dilma Rousseff se refirió de igual modo a hechos que debilitan al aparato judicial, como la filtración de delaciones, la violación de las prerrogativas de los abogados, o la grabación de las conversaciones de la Presidenta de la República sin la debida, necesaria e imprescindible autorización del Supremo Tribunal Federal.

Cuando todo eso ocurre hay una nítida tentativa de rebasar los límites que separan el Estado democrática de derecho del Estado de excepción, ya sea este último una dictadura militar, un régimen policial, o un autoritarismo disfrazado, alertó.

La mandataria reconoció que las instituciones de Brasil son hoy más maduras, lo cual crea condiciones para superar este momento de crisis. Pero se también, insistió, que está forjándose una ruptura institucional en los sótanos de la baja política.

Por su parte la catedrática universitaria Sylvia Moretzsohn denunció que los grandes medios de comunicación empresariales de Brasil quieren crear condiciones para que en el país se produzca un golpe de Estado.

La pretensión es lograr que la opinión pública se manifieste a favor de voltear el mandato de (la presidenta) Dilma (Rousseff) y hacerlo en nombre de una causa noble, como es el combate a la corrupción, explicó en declaraciones al periódico Brasil de Fato la profesora de Periodismo de la Universidad Federal Fluminense (UFF).

Moretzsohn destacó que a pesar de ello, entre la población está creciendo la conciencia de que existe una manipulación de las informaciones articulada por la Red Globo.

Advirtió, sin embargo, sobre la necesidad de "denunciar, manifestarse contra eso". Necesitamos debatir sobre la democratización de la comunicación; es más que urgente una legislación para los medios de comunicación en Brasil", consideró.

En ese sentido, Pedro Ekman, miembro del consejo directivo de Intervoces, una organización que defiende la democratización de los medios, significó el importante papel que están desempeñando los movimientos populares al discutir la "concentración de la información en un grupo homogéneo".

Según su criterio, en este momento el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) está pagando el precio de no haber realizado el debate sobre este tema en los últimos 12 años, y la democracia -alertó- también puede pagar un precio muy alto por eso.

La organización Levante Popular de la Juventud (LPJ), con apoyo de otros movimientos populares urbanos, realizó el fin de semana último en Sergipe, un pequeño estado azucarero del Nordeste brasileño, una demostración de repudio a la televisora local, una filial de la Red Globo.

El escrache respondió al momento por el cual transitan hoy los medios. Ellos están haciendo lo que hacían en la época de la dictadura de 1964, afirmó Emily Firmino, coordinadora de LPJ en esa entidad federativa.

A pesar de la presión en las calles, solamente una reforma política podrá alterar los rumbos del monopolio de comunicación, sostuvo la dirigente juvenil e insistió en que el país precisa de "una reforma que saque los medios de la manos de los políticos".