Caracas, 11 abr (RHC) El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció los estrechos vínculos entre la derecha venezolana y el gobierno imperial de Estados Unidos, cuyo propósito fundamental es destruir la Revolución Bolivariana.

Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se recordó el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, perpetrado contra el presidente Hugo Chávez, destacó el heroísmo del pueblo y de los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que unidos lograron devolver al líder venezolano a su puesto.

El jefe de Estado declaró que de aquellos tiempos a la actualidad la ciudadanía ha ganado en conciencia crítica, y está mejor preparada para enfrentar cualquier acometida de las fuerzas reaccionarias.

Hemos conocido a ese pueblo; es el mismo pueblo del 27 de febrero (de 1989) y el mismo pueblo rebelde que acompañó a Chávez el 4 de febrero de 1992, agregó.

El mandatario advirtió que si bien los rostros cambiaron, el objetivo sigue siendo el mismo, acabar con el gobierno socialista y volver al régimen imperante antes de la victoria de Chávez en 1999.

Venezuela tiene derecho a construirse un camino de paz y bienestar; aunque encontremos en el trayecto obstáculos de todo tipo, tengan por seguro de que no cejaremos en este empeño, alertó.

Al mismo tiempo, llamó al pueblo a mantenerse alerta frente a las campañas de desprestigio emprendidas por los medios de la oposición.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional la ley de Amnistía aprobada por la derecha venezolana en el Parlamento, para poner en libertad a violadores de los derechos humanos y criminales comunes.

Entre las razones del órgano judicial, destaca la infracción del artículo 29 de la Carta Magna y de los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El TSJ ordenó la publicación de esta sentencia en Gaceta Oficial y en la Gaceta Judicial, así como el reenvío de una copia al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, cumpliendo con las normas correspondientes establecidas en ley.

El pasado 7 de abril, el jefe de Estado solicitó a la Sala Constitucional del TSJ evaluar la constitucionalidad de este proyecto de "ley presentada por el partido Un Nuevo Tiempo", que promueve la impunidad de los crímenes y que legitima la violencia como forma de hacer política.

Sobre el caso, el texto recuerda que la Constitución de la República aclara en su artículo 29 que las faltas contra estos derechos fundamentales del hombre quedan excluidas del beneficio de la amnistía.

Pero el mayor absurdo radica en que Venezuela no vivió una guerra civil, ni sus instituciones quedaron incapacitadas de mantener el orden público, ni los tribunales dejaron de impartir justicia, como para hablar de amnistía y reconciliación nacional.

Ciertamente, explica el abogado constitucionalista Enrique Tineo, existe pugnacidad política, pero el debate, la lucha en calles y oficinas del Estado, son parte de la vida en democracia.

En opinión del analista, la legislación establece un precedente gravísimo, pues si el ciudadano común observa cómo salen de las cárceles violadores confesos de las leyes, dejaría de creer en los institutos legales del país y el Estado perdería legitimidad.

Nadie sabe qué consecuencias traerá una decisión de este tipo para la democracia venezolana, pues si el Estado -y es bueno recordar que el Parlamento donde domina la oposición es parte del Estado- viola las leyes, tácitamente da un aval al resto de la sociedad para que lo haga también.

No se trata solamente de quebrantamiento de leyes y faltas contra la constitución, sino de una posibilidad real de que los disturbios ocurridos en 2014, que dejaron más de 40 muertos y 800 heridos, ocurran de nuevo, advirtió.