Bogotá, 9 may (RHC) Medios noticiosos de Colombia denunciaron que familias campesinas del municipio fronterizo de Cúcuta abandonan sus hogares y buscan refugio en otros sitios del país para evadir las amenazas y extorsiones perpetradas por bandas criminales.

De acuerdo con la emisora nacional La Radio, los habitantes de esa localidad solicitan mayor presencia de la policía y del Ejército colombiano a fin de neutralizar a los grupos delictivos, los cuales intimidan a los agricultores y los obligan a pagar una cuota para trasladar sin contratiempos los productos agrícolas.

La última semana anunció el ministro colombiano de defensa, Luis Carlos Villegas, que la Fuerza Pública redoblará el combate contra las organizaciones criminales, con el uso de todos los recursos a su alcance, aunque descartó la existencia de grupos paramilitares en esa región.

Sin embargo, activistas, defensores de derechos humanos e incluso legisladores insisten en denunciar que el paramilitarismo sigue vigente en varios departamentos colombianos.

Mientras en La Habana las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC-EP discuten temas clave para el fin del conflicto, operativos militares sobre campamentos guerrilleros añaden tensión al proceso de paz, alertó ese movimiento.

El propio presidente Juan Manuel Santos dejó entrever la posibilidad de lograr un acuerdo final con dicho grupo durante junio, proyección que coincide con la del asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Enrique Santiago.

Según el abogado español, si las partes reunidas en Cuba trabajan con intensidad sin perder tiempo en debates innecesarios, a más tardar el mes próximo será posible cerrar todos los puntos de la agenda y firmar el pacto conclusivo.

En medio de la expectativa surgida a raíz de dichas declaraciones, las denuncias del jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, sobre acciones ofensivas enfiladas contra las tropas de esa agrupación demuestran la complejidad del camino a recorrer y la necesidad de buscar coherencia entre lo que acontece en la capital cubana y las dinámicas a lo interno del país andino.

La víspera el comandante de esa organización rebelde publicó varios tweets en los que rechazó tales acciones, atribuidas por él al Ejército, y presiones del Gobierno Nacional sobre la mesa de concertación, dijo.

Si alguien viene a atacar lo lógico es adelantársele, tocó suspender estudio y alistar defensa #AsíNoEsSantos; de Bogotá se nos advierte por teléfono que firmemos rápido el cese el fuego bilateral o que nos atengamos a las consecuencias, escribió Jiménez en su cuenta de Twitter.

Finalmente el dirigente de esa organización insurgente llamó a respaldar la pausa combativa mantenida por sus miembros desde el pasado 20 de julio y secundada por el Ejecutivo con la orden de suspender los bombardeos contra esa guerrilla, no así los dirigidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrado también en la guerra.

Expertos coinciden en que Colombia vive de facto un cese el fuego bilateral con las FARC-EP, pero las revelaciones recientes activaron nuevamente las alarmas luego de que los ciudadanos experimentaran uno de los períodos de mayor tranquilidad en casi 50 años, resultado de las medidas aplicadas para reducir la intensidad de la confrontación.

Tras conseguir consensos en los temas de reforma rural integral, participación política, combate contra el tráfico ilícito de drogas y víctimas, ambos equipos de negociadores reunidos en Cuba deberán perfilar, además, asuntos esenciales como la dejación de armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora combatientes.

El mecanismo para que el pueblo valide todo lo acordado es otro de los aspectos pendientes por dilucidar.

La guerra interna ocasionó la muerte a unas 300 mil personas, en tanto más de seis millones permanecen desplazados de sus lugares de origen y al menos 45 mil están desaparecidos.

Pese a los tropiezos, el proceso con las FARC-EP es el más avanzado pues las reuniones formales con el ELN no tienen fecha de comienzo todavía.

Politólogos, activistas y defensores de derechos humanos aseguran que sin ese último grupo la paz de Colombia será incompleta.