La Paz, 16 may (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, elogió el retroceso de Chile en la instalación de una base militar cerca de la frontera común, y abogó porque esa iniciativa constituya un mensaje de conciliación entre ambas naciones.

En La Paz, recordó el primer mandatario que las informaciones sobre el establecimiento de una base en Cariquima y su equipamiento con alta tecnología provinieron de medios de comunicación y fuentes chilenas, quienes alertaron que ese punto de patrulla tenía como objetivo la permanencia militar en zonas aisladas.

Por otra parte en la jornada, presentó el titular de la presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, ante el ministerio Público de la nación andina pruebas y documentos sobre la existencia de una organización criminal dirigida por individuos involucrados en acciones difamatorias contra el gobierno.

De acuerdo con Quintana, ese grupo funcionó de 2011 a 2014 y operaba desde la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, bajo la dirección de Gabriela Zapata y otros dirigentes opositores, quienes además de extorsionar a empresarios, organizaron acciones desestabilizadoras para a dañar la imagen de Evo Morales, sobre todo en las semanas previas al referendo del 21 de febrero.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, aseguró que la nueva Dirección de Defensa del Silala se enfocará en la comprobación científica de los recursos bolivianos y en los fundamentos jurídicos para protegerlos.

La entidad desarrollará un trabajo técnico y otro jurídico inherente a nuestro derecho como Estado, explicó el funcionario en diálogo con periodistas.

Arce se refirió a las tareas que deberá encarar la institución dirigida por el exsenador René Martínez, posesionado este lunes como secretario general del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y los Recursos Hídricos en Fronteras con Chile.

Creemos que será una institución muy importante, con una forma de trabajo muy similar a Diremar (Dirección de Reivindicación Marítima), porque es un consejo donde incluso participa la Procuraduría General del Estado, agregó.

Aclaró que la preparación de una demanda internacional contra Santiago por el "uso abusivo" de las aguas del Silala, no tardará varios años, porque existen todos los elementos necesarios para formalizar una denuncia.

Hay una deuda histórica, inmensa, que tarde o temprano por orden de un Tribunal Internacional, si no es por la vía de la conciliación, tendrá que ser evaluada antes que sea cancelada por el Estado chileno, manifestó.

El procurador general del Estado se refirió al envío de una lista al grupo de abogados internacionales de la Cancillería, especializados en recursos hídricos, para conformar con los mejores profesionales el equipo jurídico encargado de la demanda anunciada por el Gobierno.

Tenemos el derecho de defender los manantiales del Silala, y en lo adelante nos queda mucho trabajo por realizar, puntualizó Martínez al tomar posesión de su cargo en presencia del presidente Evo Morales.

La decisión gubernamental es respaldada por un decreto supremo, el cual puntualiza que la entidad es comandada por el mandatario y en su ausencia asumirá el vicepresidente, Álvaro García Linera, o el canciller del Estado.

Este último estará encargado de la planificación y evaluación de la política referida.

Las aguas del manantial del Silala abastecen sin contraprestación alguna hace más de 100 años a varias ciudades y empresas mineras del norte de Chile.

De acuerdo con diversos estudios, cada un segundo 180 litros del vital líquido pasan al lado chileno.

Según Chile, el Silala es un río internacional que atraviesa la frontera común, mientras Bolivia mostró que los manantiales del suroccidental departamento de Potosí fueron desviados mediante canales artificiales al territorio vecino.

En abril de 2009, ambos gobiernos llegaron a un preacuerdo, en virtud del cual Chile se comprometió a pagar por el uso del 50 por ciento de las aguas de esa vertiente, mientras se realizaba un estudio hidrológico profundo.

Pero el convenio nunca se cumplió y finalmente fue descartado cuando en 2010 ese país decidió interrumpir las negociaciones de una agenda de 13 puntos sobre problemas pendientes, donde se incluían los recursos hídricos compartidos.