Buenos Aires, 20 may (RHC) El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Mariano Recalde, afirmó que su agrupación política insistirá en el Congreso de Argentina para anular el veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos y hacer valer esa legislación.

En declaraciones al canal C-5-N, en Buenos Aires, aseguró Recalde que el Frente para la Victoria agotará todos los recursos para rescatar la norma de Emergencia Ocupacional, la cual prohibiría los despidos durante 180 días a partir de su promulgación, así como la doble indemnización a los trabajadores.

También criticó el dirigente que Macri haya justificado el veto argumentando que la normativa es contraproducente y atenta contra el desarrollo económico, pues recordó que la Constitución argentina también consagra el derecho de los trabajadores, como las leyes contra los despidos arbitrarios.

Por otra parte, en un comunicado, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denuncia que 2500periodistas han perdido sus puestos de trabajo en la nación sudamericana.

En un comunicado los miembros de esa organización califican de aberrante la difícil situación por la que atraviesa ese gremio, que sólo en la Capital Federal ha registrado la mayoría de las cesantías laborales.

Asimismo, explican en el texto que la precarización de los trabajadores de prensa alcanza 50 por ciento, y enfatizaron que los despidos no sólo ocurren en los ámbitos privados, sino también por parte del Estado, que además persigue a los periodistas, como sucede en las 48 emisoras de Radio Nacional.

Por otro lado, también se refieren en el comunicado a los actos de maltratos, abusos y violaciones a los derechos laborales en la ejecución del ejercicio informativo, y afirman, en tal sentido, que ese sector está viviendo un avasallamiento de su poder adquisitivo.

De manera general recuerdan además que desde que asumió el Gobierno macrista con la alianza Cambiemos en Argentina han sido echados de sus puestos 154 911 trabajadores, de ellos más de 61 000 pertenecen al sector público y casi 94 000 al privado.