Stgo de Chile, 30 may (RHC) La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, de Chile, Bárbara Figueroa, informó que los miembros de esa organización marcharán este martes en rechazo a los cambios en la reforma laboral.

En rueda de prensa en Santiago de Chile, lamentó la dirigente el rechazo del Tribunal Constitucional a la titularidad de los sindicatos para negociar con los responsables de las empresas y solicitó que el gobierno cumpla con sus promesas.

Por otra parte, convocó la Confederación de Estudiantes de Chile a todas las instituciones docentes del país a iniciar este miércoles un paro por tiempo indefinido, en rechazo a la reforma educacional impulsada por el Ejecutivo de la presidenta Michelle Bachelet.

Al respecto, manifestó Gabriel Iturra, vocero de la asociación estudiantil, que los centros de enseñanza del país, el sector público y los jubilados se sumarán al cese de actividades y protestas, ante la decisión del gobierno chileno de legislar sin contar con la opinión del movimiento social.

Mientras la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó los avances de su Gobierno en la implementación de una Agenda de Transparencia, Probidad y Anticorrupción.

Al usar de la palabra en la apertura del seminario internacional "Combatiendo la corrupción: Chile y el mundo", puntualizó que los objetivos del programa adelantado se propuso robustecer el pilar de integridad en la función pública.

Asimismo, eliminar el poder del dinero de la política y hacer más transparente los partidos políticos; además de poner atajo a las malas prácticas y la corrupción en los negocios, "un ámbito que no siempre es adecuadamente abordado".

Explicó que en ese contexto se han instaurado todas las medidas administrativas de la Agenda y de 19 proyectos de ley, se han elevado 16, siete ya han sido aprobados y otros están siendo discutidos en la Cámara de Diputados.

Anunció que en un futuro cercano se ingresarán dos proyectos de ley relacionados con la protección de datos personales y el del Defensor Ciudadano.

En otro renglón señaló que se ha prohibido el aporte de las empresas a la política, poniendo límites al gasto electoral y sancionando fuertemente a quienes infrinjan las normas sobre financiamiento, incluyendo la pérdida del cargo para los infractores.

También contempla penas de prisión para los casos más graves.

"Para vigilar el cumplimiento de estas nuevas reglas, dimos autonomía constitucional y dotamos de nuevas capacidades al Servicio Electoral; modificamos las normas sobre partidos políticos, para hacerlos más democráticos y transparentes", anotó.

Igualmente resaltó fueron enviado al Congreso proyectos que fortalecen las instituciones de supervigilancia y endurecen el castigo a las malas prácticas, la corrupción y la colusión de los negocios privados.