Brasilia, 31 may (RHC) El diputado Marcos Rogerio presentó un informe al Consejo de Ética de la Cámara baja de Brasil, recomendando la revocación del mandato del ex presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cuña, quien fue separado de su cargo por ocultar la tenencia de cuentas bancarias secretas en el exterior.
La entrega del relatorio de Marcos Rogerio ocurrió después de más de seis meses de maniobras dilatorias, amenazas, modificación de miembros y presiones sobre los integrantes de la Cámara para intentar salvar a Cunha.
Sobre el tema, medios de prensa en Brasilia consideran la probabilidad de que la Comisión de Ética marque para el próximo tres de junio la sesión de lectura del mencionado parecer, y para el día nueve la votación del pedido de interrupción del mandato del exlíder parlamentario.
La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de suspender a Cuña de su cargo atendió las expectativas de más de 80 por ciento de los brasileños, quienes clamaban sanciones contra el político por las numerosas acusaciones de corrupción en su contra y uso del poder para impedir investigaciones e intimidar adversarios.
Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil en la Cámara de Diputados, Afonso Florence, denunció a 10 ministros del gobierno provisional de Michel Temer ante la Comisión de ética Pública de la Presidencia.
Florence pidió al colegiado la apertura de un procedimiento administrativo para aplicarles una advertencia con propuesta de exoneración del cargo a los se?alados, por violar la Constitución y el Código de Conducta de la Administración Federal.
En la acusación, Florence señala que de los 24 ministros nombrados por Temer, ocho son senadores y tres diputados, por lo que al votar a favor del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff se valieron del cargo para fines particulares.
La votación en el proceso de impeachment, que debió ser jurídica y sobre la base del interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como lo demuestra el hecho que los requeridos fueran designados ministros de Estado inmediatamente después de la votación y la separación provisional de la mandataria, alegó.
El líder parlamentario petista citó en su denuncia a los titulares Blairo Maggi (Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento), José Serra (Relaciones Exteriores), Bruno Araújo (Ciudades), Mauricio Quintella (Transportes, Puertos y Aviación Civil) y Mendonca Filho (Educación).
También, a Osmar Terra (Desarrollo Social y Agrario), Ricardo Barros (Salud), José Sarney Filho (Medio Ambiente), Fernando Coelho Filho (Minas y Energía) y a Ronaldo Nogueira (Trabajo).
En el caso de Serra, fue objeto además de una reclamación por medidas tomadas en la Cancillería desde que asumió interinamente la jefatura del Palacio de Itamaraty, entre ellas conferir un tono nítidamente ideológico a su gestión al obligar a sus subordinados a adherirse a una visión especifica de los hechos políticos recientes en el país.
