Bogotá, 2 jun (RHC) La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia denunció que las acciones represivas de la Policía antidisturbios durante el paro agrario en el país han dejado un indígena muerto, 74 heridos y detenciones arbitrarias.

En su tercer boletín, refiere ese bloque que el gobierno colombiano desplegó una fuerte presencia del Ejército y la Policía Nacional desde el último lunes, cuando comenzó la huelga ante la falta de cumplimiento de lo acordado hace tres años en los diálogos de paz sobre el sector campesino e indígena, y en rechazo a los Tratados de Libre Comercio y al Plan Nacional de Desarrollo, los cuales ponen en venta los recursos estratégicos del país.

También refiere en el texto la coalición que las autoridades de Colombia ordenaron la instalación de dispositivos de bloqueo de la señal de comunicación en los puntos de protesta y registros fotográficos con el objetivo de intimidar a las comunidades indígenas.

Asimismo precisa la agrupación social que el Ejecutivo colombiano suspendió el servicio de energía eléctrica en algunos puntos de las movilizaciones y divulga a través de medios de prensa versiones amañadas del proceso de negociación con los manifestantes para injuriar la huelga.

Por su parte, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 91 votos a favor y 17 en contra el Acto Legislativo para la paz, tras casi ocho meses de discusiones.

Esa reforma otorga facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para expedir decretos con fuerza de ley a fin de implementar los acuerdos pacifistas que gestiona el gobierno con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en La Habana, desde 2012.

También habilita la nueva normativa un procedimiento especial dentro del Congreso colombiano para que se expidan leyes estatutarias y reformas en un tiempo más abreviado que lo habitual, y eleva a la categoría de Acuerdo Especial, en los términos de los Convenios de Ginebra, el acuerdo definitivo de paz, con el propósito de brindarlo jurídicamente.

Los parlamentarios colombianos establecieron, además, que las disposiciones del acto legislativo solo entrarán en vigencia tras la refrendación popular de los acuerdos, a través del mecanismo que acuerde el Ejecutivo y la guerrilla.