Madrid, 7 jun (RHC) Las dos mayores centrales sindicales de España, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, expusieron una veintena de propuestas para crear empleo y reducir la creciente desigualdad social en el país.

De cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio en esa nación europea, exigen ambas organizaciones a los partidos locales actuaciones concretas para cambiar la orientación del futuro gobierno español, y critican que las agrupaciones políticas NO cumplen sus promesas de campaña cuando llegan al poder.

A través de un documento publicado en Madrid, también reclaman los representantes de esos sindicatos la derogación de las reformas laborales, el aumento del salario mínimo, la lucha contra el desempleo y la precariedad laboral, así como una fiscalidad más justa, entre otras demandas.

El secretario general de Unión General de Trabajadores, José Álvarez, precisó que esas peticiones deben tener resueltas por la clase política y de no cumplir, convocarán a la movilización de los ciudadanos.

Se divulgó que la economía española prolongará su ciclo expansivo hasta 2018, aunque a menor ritmo que en 2015, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) subió 3,2 por ciento.

Según las proyecciones difundidas por el Banco de España, el PIB crecerá 2,1 por ciento en 2018, tras las alzas previstas para este año y el próximo de 2,7 y 2,3 por ciento, respectivamente.

La autoridad monetaria dijo que esa desaceleración se produciría por una previsible pérdida de fuerza de algunos de los elementos transitorios que impulsaron la actividad en la etapa reciente, como la bajada del precio del petróleo o la depreciación del euro.

Dentro de esos factores temporales mencionó, además, algunos estímulos presupuestarios, que serían compensados de manera parcial a medio plazo con una recuperación "paulatina" de los mercados de exportación.

El banco central tampoco es optimista respecto a la evolución del déficit público, al calcular que se situará por debajo del umbral del 3,0 por ciento del PIB en 2018, un año más tarde de lo que exige la Comisión Europea (ejecutivo de la Unión Europea).

Sin embargo, mejora su previsión de este indicador para 2016, al reducirlo de 4,4 a 4,1 por ciento del PIB, por encima también del 3,7 por ciento reclamado por Bruselas.

España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas de 5,1 por ciento del Producto Interno Bruto, nueve décimas más del compromiso pactado con el ejecutivo comunitario, que era del 4,2 por ciento.

La nueva senda de reducción del déficit presentada por el gobierno en funciones en la actualización del Programa de Estabilidad contempla terminar este año con un desfase en las cuentas públicas de 3,6 por ciento, y acabar 2017 con unos números rojos en 2,9 por ciento.

Bruselas pospuso hasta después de las elecciones generales españolas del 26 de junio la imposición de posibles medidas disciplinarias contra este país, debido a su déficit presupuestario excesivo.

El ministro de Economía saliente Luis de Guindos confió en que la Comisión Europea no multe a España por incumplir el déficit el año pasado y ponderó su decisión de aplazar hasta después de los comicios una eventual sanción.

Sobre el desempleo, uno de los principales problemas del país, el supervisor augura un descenso paulatino en los próximos años hasta llevar la tasa de desocupación en 2018 al 17,3 por ciento de la población económicamente activa.

A finales de marzo, el índice de desempleo se situó en 21 por ciento tras casi llegar al 27 por ciento en 2013.