Brasil, 13 jun (RHC) La Comisión Procesal de Impichment del Senado brasileño debatirá un posible reajuste en su calendario, ante la cantidad de testigos aún por comparecer en el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff.

En opinión del senador Lindberg Farías, el proceso debe avanzar con calma, pues la Constitución establece para el desarrollo del mismo un plazo de hasta 180 días, a partir del 12 de mayo, cuando Rouseff fue separada temporalmente de su cargo.

Asimismo, el titular de la Comisión Procesal de Impichment, Ricardo Lira, coincidió también en que probablemente resulte necesario reajustar el cronograma del proceso para extenderlo, dada la cantidad de testigos convocados, aunque consideró que una semana seria más que suficiente.

Los intentos de amordazar por la vía financiera a los medios de comunicación divergentes exponen las entrañas más pútridas del proceso que comanda el presidente provisional de Brasil, Michel Temer, denunció el sitio web Opera Mundi.

Las decisiones excluyentes y vengativas tomadas en esa dirección por el gobernante en ejercicio representan una agresión a la libertad de prensa y a la propia democracia, subrayó Breno Altman, director editorial del portal.

En un comentario sobre la cancelación, por parte de la Secretaría de Comunicación Social del gobierno interino, de los presupuestos de publicidad para sitios y blogs considerados afines al Partido de los Trabajadores (PT), Altman significó que esta no es la única acción emprendida para aniquilar cualquier disidencia periodística.

La dimisión ilegal del titular de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC) también integra el portafolio de medidas adoptadas para solapar a los medios de información críticos del impeachment (contra la apartada presidenta Dilma Rousseff), señaló.

Son igualmente sintomáticas de esta escalada antidemocrática las sentencias judiciales promulgadas por magistrados del estado de Paraná, a pedido de agentes de la Policía Federal, censurando artículos del periodista Marcelo Auler que denunciaban irregularidades en la Operación anticorrupción Lava Jato, agregó.

Altman advirtió asimismo que ni siquiera reporteros paranenses de orientación antipetista quedaron a salvo de estos ataques, pues varios de ellos están siendo procesados por denunciar los supersalarios percibidos por jueces y representantes del Ministerio Público.

Lamentó, sin embargo, que sean pocas las voces que se pronunciaron con el vigor necesario contra tales arbitrariedades, para tratar de invalidar tamaño retroceso en una democracia despedazada.