La Habana, 27 abr (RHC) Encabezada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó durante el pasado miércoles la reunión del Consejo de Ministros, en la cual se abordaron importantes temas de la actualidad económica y social de Cuba.

En esta ocasión la agenda incluyó la asignación de graduados formados en los centros adscriptos al Ministerio de Educación Superior en el curso diurno 2017-2018; las afectaciones económicas ocasionadas por irregularidades en operaciones del comercio exterior; y los planes de enfrentamiento a las ilegalidades en el ordenamiento territorial y urbano, refiere el diario Granma.

Además, se analizaron el estado de las cuentas por cobrar y pagar; los resultados de la XII Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno; así como el comportamiento del Plan de la Economía en el primer trimestre del año.

Como habitualmente se realiza por estas fechas, el Consejo de Ministros conoció, a través de Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, la propuesta sobre la asignación de graduados formados en los centros adscriptos al Ministerio de Educación Superior en el curso diurno 2017-2018.

En su confección se tuvieron en cuenta las demandas presentadas por los organismos de la administración central del Estado y los consejos de la administración provinciales, así como los resultados de los balances territoriales de fuerza de trabajo calificada para el periodo 2018-2022.

Más de 9 mil estudiantes se graduarán este año en nuestras universidades, de los cuales ya tiene respuesta de empleo el 94 % y al concluir el curso escolar para todos habrá una propuesta de ubicación.

Este tema generó un amplio debate entre los asistentes a la reunión que opinaron, entre otros aspectos, sobre la baja satisfacción de las necesidades en actividades como la economía y el derecho.

La titular de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella abordó el tema de los técnicos medios y obreros calificados, importante fuerza que muchas veces los organismos no demandan.

El Presidente Díaz-Canel se refirió a la atención que deben recibir los recién graduados, en primer lugar por los jefes de las entidades, para que permanezcan en sus plazas. Más allá del salario, que es un problema real –dijo– influye la responsabilidad que se les asigne, que se sientan comprometidos con la tarea que realizan y se compartan con ellos las decisiones, pues en no todos los lugares tienen el apoyo necesario.

Coincidió en la necesidad de alentar a los graduados de técnico medio a que continúen estudios superiores y a los universitarios a que cursen postgrados para elevar constantemente su preparación.

Enfatizó en que se debe cambiar la manera de analizar el tema de la asignación de graduados y verlo como gestión de recursos humanos. Debemos incluirle a esta evaluación la relación permanente entre los organismos que emplean a los graduados y los que forman, en función de conocer los requerimientos de preparación propios de cada organismo, así como las necesidades de los jóvenes que inician su vida laboral, acotó.

Otro de los temas examinados correspondió a las afectaciones económicas ocasionadas en operaciones del comercio exterior, las que mantienen una tendencia a la disminución.

En tal sentido, Antonio Carricarte Corona, viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, ofreció detalles sobre varias operaciones del comercio exterior que han implicado afectaciones económicas para el país, así como de los procesos penales que en consecuencia están en curso y de algunas de las sanciones impuestas a los implicados.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros reiteró lo planteado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz de que los hechos extraordinarios de este tipo deben tratarse con todo rigor.

Además del beneficio económico que reportan las exportaciones –consideró– se trata de la imagen y el prestigio del país.

Díaz-Canel Bermúdez indicó que, como parte de estos análisis, se evalúe no solo el informe de los casos detectados, sino que las entidades causantes de las afectaciones económicas rindan cuenta ante el máximo órgano de Gobierno para sacar mayores experiencias.

El Consejo de Ministros reconoció el trabajo que desde hace algunos años se realiza para enfrentar las ilegalidades en el ordenamiento territorial y urbano, lo que ha permitido erradicar un significativo número de violaciones.

En el informe presentado por Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, se constata una mejor organización del enfrentamiento y un fortalecimiento de la acción del Partido, los gobiernos en los territorios y los organismos de la administración central del Estado para dirigir, ejecutar y controlar esta tarea.

No obstante, los datos aportados también indican que persisten ilegalidades cuya eliminación depende en gran medida de la asignación de recursos, los cuales se han ido entregando en la medida de las posibilidades económicas del país.

En el análisis quedó claro que tanto los gobiernos provinciales como municipales tienen identificados los barrios que requieren de inversiones para ordenarlos, cuyas principales infracciones se encuentran en las redes eléctricas e hidráulicas, así como el drenaje pluvial.

Entre las ilegalidades más comunes se destacan el incumplimiento de las regulaciones urbanísticas y de proyectos; la construcción, ampliación y reposición de viviendas sin la documentación establecida; la ocupación ilegal del suelo y el ejercicio del trabajo por cuenta propia fuera de las áreas autorizadas.

Los participantes en la reunión coincidieron en que la aprobación de la Política de la Vivienda contribuirá a ordenar definitivamente este tema.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros señaló que, con independencia de que aún no esté aprobada la mencionada política, se pueden ir acelerando medidas prácticas en cada lugar para atenuar los problemas en el ordenamiento territorial y urbano.

El estado de las cuentas por cobrar y pagar suscitó un amplio debate entre los presentes, asunto que, a partir de la implementación hace unos años de un conjunto de medidas, se logró comenzar a reordenar con tendencia a la disminución.

Según explicó la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, al concluir el 2017 los mayores importes de cuentas por pagar vencidas se concentran en las organizaciones superiores de dirección empresarial Azcuba, Ganadero y Agrícola, la Unión de Ferrocarriles de Cuba y en las empresas minoristas de los consejos de la Administración Provincial de Artemisa, Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana.

Situación similar presentan las cuentas por cobrar vencidas en las entidades señaladas en el acápite de las cuentas por pagar.

El Consejo de Ministros valoró que esta situación obedece, entre otras cuestiones, a la falta de sistematicidad en el control de los depósitos de efectivo por las ventas diarias en las unidades minoristas; el mal funcionamiento de los grupos de cobros y pagos a nivel de empresas,  así como a la falta de exigencia en el cumplimiento de los contratos económicos entre las empresas.

Sobre el asunto, Díaz-Canel Bermúdez enfatizó en que urge lograr una sostenibilidad en el ordenamiento de estas cuestiones económicas que, además de constituir problemas contables de trascendencia, en ellas subyace la pérdida de recursos financieros y materiales.

Puntualizó que poner orden significa enfrentar el problema y propiciar un mayor rigor en los análisis que se realicen en los consejos de dirección de los ministerios y las entidades, así como en los gobiernos locales, donde tienen que chequearse sistemáticamente con apoyo del Partido y el Sindicato.

Entre noviembre y diciembre del 2017 se realizó en el país la XII Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno, durante la cual se aplicaron 339 inspecciones de la Contraloría General de la República y 22 comprobaciones especiales en entidades subordinadas a los consejos de la Administración provincial y el municipio especial de la Isla de la Juventud, y otros organismos como la Aduana General de la República y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Según explicó la contralora general, Gladys Bejerano Portela, las auditorías estuvieron dirigidas a verificar el control y uso de los inventarios, el cumplimiento de los procesos de contratación económica, las cuentas por cobrar y pagar, el control del combustible y el pago a trabajadores por cuenta propia.

En el caso de los inventarios se reiteran inobservancias en las normas establecidas; persisten además productos ociosos o de lento movimiento, sin que se realicen los análisis correspondientes y son inadecuadas sus condiciones de almacenaje.

Por otro lado, los procesos de contratación económica muchas veces no son los apropiados pues no se cumplen los ciclos de aprovisionamiento y la cobertura de los productos.

Sobre el pago a trabajadores por cuenta propia se señaló que la Comprobación constató desembolsos a personas sin licencia para ejercer las labores, en otros casos por actividades no autorizadas y mercancías o servicios de los trabajadores por cuenta propia que no se recibieron en las entidades estatales.

Del control del combustible y los portadores energéticos se informó que subsisten deficiencias, las cuales deben examinarse con mayor profundidad en los consejos de dirección.

De manera general, los análisis realizados demuestran que existe mayor rigor, en interés de evitar impunidad ante las violaciones.

La reunión del Consejo de Ministros concluyó con la presentación de un resumen sobre el comportamiento de los aspectos fundamentales del Plan de la Economía durante el primer trimestre del año.

Al respecto, el viceministro primero de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó que continúan incidiendo «las tensiones en cuanto a la disponibilidad de las divisas por incumplimiento de las exportaciones y las dificultades con el abastecimiento de los combustibles».

Se estima cumplir en un 90 % el plan de inversiones del primer trimestre. Entre los problemas fundamentales que inciden en este incumplimiento están la no entrada de un grupo de suministros de importación; déficit de la fuerza de trabajo constructora y la falta de preparación de los actores que participan en el proceso inversionista.

A pesar de las tensiones, el comportamiento de la actividad industrial al cierre de marzo evidenció un cumplimiento de las principales producciones industriales del encargo estatal, entre ellas el aseo –jabón, crema dental, perfumería y cosmética–, envases para medicamentos, sacos de polipropileno y mobiliario.

En el caso de las almohadillas sanitarias, un tema sensible para la población femenina, se precisó que ya arribó al país la materia prima necesaria y se espera normalizar la situación en el mes de mayo.

Finalmente, se valoró que en el cumplimiento del plan de producción de azúcar han incidido factores climatológicos como una intensa sequía y luego un periodo sostenido de lluvias, a lo que se suman los efectos del huracán Irma.

(Granma)