La Habana, 21 sep (RHC) A defender todo lo que se pueda producir en el país convocó el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al compartir con los miembros del Consejo de Ministros varios conceptos que deben prevalecer en la gestión del Gobierno.
Definió como líneas fundamentales de trabajo dar respuesta a los compromisos que se hacen en las visitas a los territorios; analizar en los consejos de dirección el banco de problemas de los organismos y entidades para precisar qué se puede resolver de inmediato, en el mediano o más largo plazo; y enfrentar con combatividad la corrupción, el robo y la burocracia, destaca el peri{odico Granma.
De las visitas que realiza el Gobierno a las provincias, comentó sobre la inclusión cada vez de un mayor número de vicepresidentes y ministros.
Díaz-Canel se refirió a los vínculos crecientes con el sector no estatal, definido como un complemento en la economía cubana y que precisa la atención del Estado, tanto en el control de las actividades que realiza como en la capacitación para el ejercicio de sus funciones.
Estas consideraciones las realizó al concluir la reunión del máximo órgano de Gobierno que centró sus análisis en cuestiones de gran impacto para el país y contó, además, con la participación de varios directivos nacionales, entre ellos los presidentes de las organizaciones superiores de dirección empresarial, a los cuales se sumaron a través de una videoconferencia los principales dirigentes del Partido y del Gobierno de las 15 provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud.
Como sistemáticamente hace el Consejo de Ministros, volvió a incluir en su agenda el tema de las ilegalidades asociadas al ordenamiento territorial y urbanístico, el cual fue presentado por el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas.
Según dijo, las provincias más afectadas son La Habana, Granma, Santiago de Cuba y Matanzas.
Entre las contravenciones más representativas se cuentan las violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos; los incumplimientos en las demoliciones; las construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida y las ocupaciones ilegales de suelos.
Ejemplo de ello son las edificaciones en la zona costera y de protección; ampliaciones ilegales en áreas de uso común de edificios multifamiliares; ocupación de locales pertenecientes a entidades estatales y la construcción indebida de viviendas sin un mínimo de urbanización, dando lugar a otras ilegalidades como la contaminación del suelo y el uso no autorizado del agua y la electricidad.
Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, subrayó que dar solución al asunto requiere ser más disciplinados y exigentes, mantener una vigilancia constante y desplegar una correcta labor de comunicación para que la población cubana conozca sobre las regulaciones urbanísticas vigentes.
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros precisó que ante las nuevas ilegalidades que surgen en esta materia hay que actuar de inmediato.
No podemos permitir la acumulación de problemas, estos son hechos que hay que seguir con rigor.
En esos asuntos –dijo– no se avanza con integralidad ni coherencia y requieren ser asumidos por todos con combatividad y no complacientemente.
Durante la reunión del Consejo de Ministros, también se dedicó espacio al análisis de temas relacionados con la informatización de la sociedad y la ciberseguridad, ambos estrechamente vinculados.
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, ministro de Comunicaciones, llamó la atención sobre la falta de percepción del riesgo y de cultura que todavía persiste en los cuadros y especialistas de diversas entidades y organismos en lo referido a las cuestiones de ciberseguridad.
Para avanzar en la informatización de la sociedad cubana –subrayó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros– hay que asegurar primero la ciberseguridad, que atañe a todos por igual.
Insistió en la importancia de fortalecer las plataformas cubanas e incrementar la producción de aplicaciones informáticas en el país, muchas de las cuales son tan robustas como las extranjeras y pueden dar respuesta a nuestras necesidades, como es el caso de sistemas de gestión de la economía o de recursos humanos. «Suficiente capacidad y talento para ello tenemos en el país», consideró.
Los miembros del Consejo de Ministros examinaron, además, las afectaciones que se producen por irregularidades en las operaciones de comercio exterior, las cuales continúan causando daños nada despreciables a la economía del país.
El viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Antonio Carricarte Corona, dio a conocer los principales procesos de reclamación emprendidos durante el primer semestre del 2018 y una actualización sobre el análisis de irregularidades ocurridas en periodos anteriores, donde se han determinado los responsables y las medidas, incluso penales cuando así se ha requerido.
El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, se refirió a errores en los procesos de negociación, problemas de organización y coordinación, entre otros factores, cuando lo que debe primar es el rigor en la preparación y control.
Al presentar el punto de la inversión extranjera en el sector agroalimentario, el Presidente cubano explicó que este responde al cumplimiento de un acuerdo adoptado con anterioridad por el Consejo de Ministros para analizar en estas reuniones el comportamiento de dicho aspecto en sectores específicos de la economía, dada su importancia para impulsar el desarrollo nacional.
De ninguna manera es casual que el primer sector sea el agroalimentario, donde se concentran actividades estratégicas para la economía y que anualmente importa unos tres millones de toneladas de alimentos, consideró el Viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
De ahí la importancia de abocarnos a un desarrollo que contribuya a disminuir el número de productos que se importen, así como al incremento y diversificación de las exportaciones, dijo.
Lograr tales propósitos –valoró– implica concretar inversiones a partir de las cuales sea posible aumentar la producción primaria y modernizar el plantel industrial, lo que en muchos casos solo será posible a partir de recursos externos.
Si bien en la actualidad la inversión extranjera está presente en el sector, todavía puede jugar un papel más activo e incorporar beneficios como el acceso a mercados de exportación y la inclusión de nuevos métodos gerenciales y tecnología avanzada.
Especial énfasis se hizo en la prioridad que se debe dar a los encadenamientos productivos entre la actividad agrícola y la industria procesadora. Sobre ello, la titular de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, explicó cómo se ha trabajado en el sector para concretar proyectos integrales que tributen a tan urgente desafío.
Durante el debate se coincidió en que los análisis en cuanto a la inversión extranjera necesariamente requieren de ese enfoque integral, que permita potenciar el uso de materias primas nacionales y su procesamiento en el país con el consecuente aporte de la mayor cantidad de valor agregado posible.
«Hay que ser más proactivos en la inversión extranjera», insistió el Presidente cubano. Lo expuesto demuestra que el sector agroalimentario no ha sido pasivo, pero todavía las acciones son insuficientes, consideró.
Insistió en la necesidad de que el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se vincule directamente con las provincias, donde existen variadas potencialidades de exportación que no siempre se aprovechan o conocen. «Actualizar el mapa de exportaciones del país resulta vital», puntualizó.
La Contralora General, Gladys Bejerano Portela, presentó dos casos detectados de violaciones en las relaciones económicas entre entidades estatales y trabajadores por cuenta propia, en cumplimiento de una indicación del Presidente cubano referida a analizar en el Consejo de Ministros hechos específicos que promuevan la reflexión sobre actuaciones que están marcando una tendencia negativa, por el desvío de recursos financieros del Estado, el enriquecimiento ilícito y la organización de cadenas delictivas.
El primero de ellos, reseñó, ocurrió en el municipio de Habana del Este, donde el gobierno local pagó a un trabajador por cuenta propia 15 millones de pesos para la reparación del Complejo de Piscinas de Alamar, presupuesto alificado como improcedente y excesivo.
En la investigación se develaron violaciones como pagos indebidos para materiales y mano de obra, evasión del fisco y derroche de recursos.
Bejerano Portela informó que las respectivas medidas disciplinarias de carácter administrativo ya fueron aplicadas y se encuentra en curso el proceso penal de los implicados.
El otro caso sucedió en el municipio de Minas, en Camagüey, cuando la relación entre un trabajador por cuenta propia y una Cooperativa de Créditos y Servicios generó una cadena corruptiva entre directivos, ejecutivos, funcionarios y trabajadores de las diez entidades involucradas.
Se determinó que el trabajador por cuenta propia inscribió un taller de carpintería como actividad secundaria en la referida cooperativa y a través de esta comercializaba las producciones para evadir el fisco y enriquecerse de manera ilícita.
En ambos hechos, concluyó la Contralora, se establecieron causas y condiciones como el deterioro de valores éticos; insuficiente control, fiscalización y supervisión por parte de los niveles correspondientes; deficiente cumplimiento de las normas más elementales del Sistema de Control Interno; y voluntarismo en la adopción de las decisiones relativas a la utilización de los recursos financieros.
El Presidente cubano, luego de dar la palabra a través de videoconferencia a las autoridades municipales y provinciales de los dos territorios implicados, fue enfático en la batalla que hay que enfrentar por la ética.
Sucesos de este tipo, argumentó, deterioran el ambiente moral y la credibilidad del Estado. Más allá de un asunto económico, se trata sobre todo de una cuestión ideológica.
El Consejo de Ministros también aprobó un conjunto de medidas encaminadas a enfrentar la sustracción de combustibles en el país, una cuestión a la que se le viene dando un seguimiento sistemático.
El titular de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, destacó el decomiso, mediante procedimientos administrativos, de los medios empleados en las infracciones –incluyendo los automotores–, para lo cual se elaborarán de inmediato las normas jurídicas que permitan su implementación.
A más largo plazo, se prevé personalizar las tarjetas magnéticas por vehículos y responsables, con el propósito de que el control llegue hasta el consumidor final del combustible. De manera paulatina, se pretende lograr que todo el combustible se venda a través de tarjetas magnéticas.
Teniendo en cuenta la prioridad que debe imprimirse a la evaluación de estos asuntos, mensualmente se realizarán análisis en los consejos de dirección de todas las entidades.
Este es un tema que tenemos que defender entre todos y resulta fundamental el control que le imprimamos, enfatizó Díaz-Canel Bermúdez.
También a la Contralora General correspondió la presentación de los resultados de un control integral realizado al Grupo Azucarero Azcuba en el pasado mes de junio.
Se comprobó que en los incumplimientos de la zafra azucarera, además de los problemas climatológicos, incidieron otros como el alto tiempo industrial perdido, tiro directo al basculador, roturas operacionales, déficit de fuerza de trabajo calificada en áreas claves por alta fluctuación laboral e incumplimiento de la transportación, en particular por ferrocarril.
Manifestó Bejerano Portela que en el plazo fijado Azcuba tiene que elaborar y discutir las medidas y acciones concretas que se proponen para presentar su Plan de Medidas Organizativas y de Aseguramiento con el fin de atender, solucionar o aminorar las deficiencias señaladas.
Como ya es habitual en estas reuniones, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, actualizó sobre los principales aspectos relacionados con la ejecución del Plan al cierre de agosto.
Refirió que, para asegurar el suministro de energía eléctrica durante el verano, se diseñó un programa de acciones que permitió que no se produjeran apagones ni interrupciones del servicio eléctrico en el periodo vacacional. Y añadió que una de las prioridades continúa siendo evitar afectaciones en los servicios a la población durante los próximos meses.
Puntualmente aseguró que no puede existir ningún medio dedicado al transporte público que esté paralizado por no disponibilidad de combustible sin antes haberse evaluado con el MEP las alternativas que pudieran aplicarse.
Aseguró que ha sido priorizado en todo el territorio nacional el seguimiento a los principales programas de alimentos y aseo.
Llamó la atención sobre la necesidad de, con la producción nacional y las reservas internas de los organismos, ser capaces de anticiparnos para identificar objetivamente cómo enfrentar el déficit previsto en las importaciones.
Informó que ya está en elaboración el Plan del próximo año. Como parte de ese trabajo –explicó– se evalúan con integralidad las prioridades de la economía, poniendo especial énfasis en la sustitución de importaciones a partir de la producción nacional de diferentes renglones.
Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, explicó que, como ha alertado en diferentes ocasiones el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y fue analizado en recientes reuniones del Consejo de Estado y del Buró Político, en el orden legislativo se prevé un significativo impacto como parte del proceso de implementación de la nueva Constitución de la República, teniendo en cuenta la avalancha de normativas que necesariamente tendrán que emitirse para lograr la debida instrumentación jurídica.
Con el objetivo de dar respuesta a tales demandas y poder identificar en su totalidad el amplio volumen de normas que será necesario actualizar, se decidió crear un grupo de trabajo presidido por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que tendrá a su cargo la misión de dirigir, coordinar, evaluar y controlar la labor legislativa que se desprenda del proceso de implementación de la nueva Carta Magna.
Sobre este importante asunto, Díaz-Canel Bermúdez valoró la utilidad de aprovechar todas las potencialidades que existen en el país en el ámbito de los juristas, las cuales pueden complementar en gran medida la concreción de estas cuestiones.
(Granma)
