La Habana, 21 nov (RHC) La eficiencia en la economía, el control del presupuesto, el enfrentamiento a las ilegalidades y el imperio del orden, coincidentes con las exigencias de la más alta dirección del país y del pueblo, fueron el centro de los análisis, recientemente, del encuentro con los presidentes de las asambleas provinciales del Poder Popular en el Capitolio de La Habana.
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional (AN), y Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, encabezaron las sesiones de trabajo que contaron también con la presencia de Gladys Bejerano Portela e Inés Chapman Waugh, vicepresidentas del Consejo de Estado; Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo; Ana María Mari Machado y Miriam Brito Sarroca, vicepresidenta y secretaria del Parlamento cubano, respectivamente, entre otros asistentes, informa el periódico Granma.
En el encuentro, en que también estaban presentes los directivos de las comisiones permanentes de trabajo de la AN, también participó Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación (MEP), quien se refirió a las realidades que la economía nacional ha debido enfrentar en el año que concluye y aquellas tareas en las que hay que poner énfasis en el 2019.
Afirmó que el plan debe concebirse como un instrumento para conducir la economía, sin improvisaciones, con base en las necesidades de esta y preservando el desarrollo nacional, y que en el caso de los proyectos locales deberán evitarse las importaciones.
Meisy Bolaños Weiss, viceministra de Finanzas y Precios, informó sobre las cadenas de impagos y las cuentas por pagar vencidas, que al cierre del mes de septiembre habían disminuido respecto al mes anterior, pero se incrementaron en comparación con el pasado año; y agregó que Santiago de Cuba, La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey y Artemisa concentran el 88 % de las deudas vencidas.
Entre las principales causas de los impagos, la Viceministra enumeró ausencias de conciliaciones efectivas entra clientes y proveedores, mala calidad del registro contable, insuficiente control del efectivo proveniente de las ventas y de la disciplina en los depósitos al banco, y descapitalización empresarial originada por altos niveles de faltantes y pérdidas, robos y desvíos.
La funcionaria presentó una propuesta integral ante las violaciones en el pago de los tributos, como la de hacer públicos aquellos casos de evasión fiscal con sentencias firmes a favor de la Oficina Nacional de Administración Tributaria; operativos sistemáticos de los gobiernos municipales contra actividades ilegales en el trabajo por cuenta propia, y mecanismos efectivos para el cobro de la deuda reconocida mediante sentencia y en casos de procesos confiscatorios a favor del Estado.
Valdés Mesa identificó al robo de combustible entre los asuntos que hacen daño y deben erradicarse, una ineficiencia que el presupuesto no puede seguir financiando, cuya solución es responsabilidad de los órganos de dirección y de los cuadros que tienen esa responsabilidad, y tanto unos como otros tienen que rendir cuenta de su desempeño.
Al presupuesto hay que dedicarle más trabajo y más tiempo –añadió–, desde el municipio y el establecimiento, los cuales tienen que generar y gestionar ingresos para ser sustentables.
Gladys Bejerano resumió las acciones de control realizadas por la Contraloría General a la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto del Estado en instancias locales, concretamente al proceso de aprobación y otorgamiento de subsidios, la verificación del uso y destino de los recursos financieros provenientes de la contribución territorial para el desarrollo local, y a las operaciones del sector estatal de la economía con el sector no estatal. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, es recurrente el incumplimiento de la Resolución 42/2013 que define las actividades de estos últimos.
Señaló que en los planes de actividades principales de los Consejos de Administración municipales y de sus directivos se han incorporado acciones de preparación y seguimiento al presupuesto, aunque todavía no resultan efectivas por la falta de profundidad en los análisis y la reiteración de deficiencias señaladas con anterioridad.
Marino Murillo informó a los presentes sobre la marcha de la política para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, el cual ha continuado desarrollándose; sobre el tema señaló que de los 157 371 trabajadores que había registrados en octubre del 2010, ya el pasado mes sumaban 588 916.
En cuanto a la capacitación de todas las estructuras administrativas y de los trabajadores por cuenta propia, previa a la entrada en vigor de las normas jurídicas, el próximo 7 de diciembre, informó que se ha capacitado el 97 % de los 25 270 cuadros y funcionarios y que todos los municipios han concluido la tarea, excepto La Habana, donde faltan diez territorios. En cuanto a los 438 185 trabajadores por cuenta propia que deben capacitarse, el 78 % ya lo había hecho.
Murillo Jorge había presentado un resumen sobre la política para ordenar y legalizar viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas, y al respecto dijo que en el fondo habitacional del país hay más de 230 000 viviendas que requieren ser ordenadas o legalizadas.
Sobre el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas en el país, Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, afirmó que este año comenzó con un inventario de 112 529 ilegalidades vinculadas con el ordenamiento territorial y urbanístico –17 % corresponde a personas jurídicas y el 83 % a personas naturales–; con mayor impacto en La Habana, Granma, Santiago de Cuba y Matanzas.
Para este año, agregó Rodiles Planas, las provincias se propusieron erradicar 21 756 ilegalidades (el 19 % de las registradas al empezar el 2018), de las cuales han logrado eliminar 10 000 en el primer semestre; sin embargo hay territorios, como Artemisa, Mayabeque, Las Tunas, Camagüey y Holguín, donde el plan del año corre riesgos de no cumplirse.
(Granma)
