La Habana, 20 jun (RHC) El Departamento de Estado del gobierno norteamericano incluyó arbitrariamente a Cuba en la peor categoría (nivel tres) en un informe sobre la trata de personas correspondiente al año 2019.

Ampliamente criticado por la politización de sus resultados y su carácter unilateral, el reporte evalúa en tres niveles los esfuerzos de los gobiernos para cumplir con las normas mínimas para la eliminación de la trata, y desde 2015 había ubicado a la mayor de las Antillas en el nivel dos.

El Informe de trata de personas 2019, a pesar de ser un documento ilegítimo y manipulador, tiene consecuencias directas para los países incluidos en el nivel tres, que en el caso de Cuba acrecienta el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero que por más de seis décadas impone Washington a La Habana.

Esta categoría lleva consigo la posibilidad de sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa de Estados Unidos a que reciban préstamos de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

De acuerdo con el informe, el gobierno de Cuba no cumple plenamente con el mínimo de normas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo y señala como principal ejemplo las misiones médicas que desarrolla el personal cubano en varios continentes.

Desde hace meses el gobierno de Estados Unidos ha desatado una campaña difamatoria contra los profesionales cubanos de la salud, que tuvo entre sus momentos más significativos la retirada de Brasil de la misión médica antillana ante las onerosas condiciones que trató de imponer el presidente Jair Bolsonaro, y que llevaron al desmontaje del programa Más Médicos, impulsado por Dilma Rousseff.

Representantes del gobierno norteamericano han señalado que los profesionales de la salud que laboran en Venezuela, como parte de la misión Barrio Adentro, son agentes militares cubanos, de lo cual no ha presentado ninguna evidencia y pretende desconocer el impacto de esta iniciativa en la elevación de la calidad de vida de ese pueblo suramericano.

Como evidencia de la manipulación política del tema, el informe del Departamento de Estado reconoce los esfuerzos del gobierno antillano y las organizaciones de la sociedad civil en la prevención, educación y enjuiciamiento al tráfico de personas en la Isla.

El documento cita el Informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas (2017- mayo 2018) en el que se especifica que en febrero de 2017 fue aprobado el Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas (2017-2020), herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje a este grave delito.

En abril de 2017 visitó Cuba la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, quien tuvo la oportunidad de constatar de primera mano los avances de Cuba en esta materia, así como formular observaciones y recomendaciones al respecto.

De acuerdo con el documento, en el período comprendido entre mayo de 2017 hasta mayo de 2018, se juzgaron 21 casos por delitos de “Corrupción de Menores”, “Venta y Tráfico de Menores” y “Proxenetismo y Trata de Personas”, con rasgos típicos de trata de personas.

Explica el informe que esta baja incidencia se debe fundamentalmente al carácter eminentemente preventivo de las políticas sociales y estatales cubanas, a la política de “Tolerancia Cero”, así como a la ausencia de redes delictivas organizadas que estén radicadas en el territorio nacional. En el mismo período Cuba mantuvo la colaboración internacional para la investigación y solución de casos que trascienden el marco nacional.

No obstante, el reporte presentado hoy por el Departamento de Estado norteamericano obvia hechos como los pasos que se dan bajo la actual administración de Donald Trump para reactivar el Programa de Parole para médicos cubanos, que tiene el objetivo de instar a médicos y personal de la salud que prestan apoyo en diferentes países, a abandonar sus misiones y emigrar a estados Unidos.

En el informe norteamericano tampoco aparecen referencias al bloqueo del actual presidente a un acuerdo alcanzado entre la Major League Baseball (MLB) y la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que buscaba normalizar el acceso de los peloteros cubanos a las franquicias estadounidenses, varias de ellas bajo investigación por sus supuestas implicaciones en operaciones de trata de personas.