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La Habana, 15 ene (RHC) Una nueva medida unilateral e injusta contra Cuba fue adoptada este 15 de enero por el gobierno estadounidense, el cual sancionó, sin pruebas, al general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Ministerio del Interior -Minint-, desde noviembre de 2020, por supuestas violaciones de los derechos humanos.

Firmada por el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, la medida se adopta en concordancia con la Orden Ejecutiva 13818, que implementa la Rendición de Cuentas Global sobre Derechos Humanos (DD.HH.), una de las legislaciones que Washington emplea para inmiscuirse en asuntos internos de otros países.

Publicado en la web del Departamento de Estado, Pompeo reitera, como base para la nueva sanción, falsas acusaciones ya conocidas, entre ellas, que el Minint está designado por ser responsable, cómplice o participar directa o indirectamente en supuestos abusos contra los DD.HH.

También se hace referencia al caso del ciudadano cubano, José Daniel Ferrer, supuesto preso político, líder de la UNPACU pagado por los Estados Unidos y a quien todo el pueblo cubano vio, en televisión nacional, como se auto agredía para simular una violación de Derechos Humanos en Cuba.

En entrevistas concedidas por Ferrer en Estados Unidos, él mismo reconoce que ha recibido financiamiento de varias fuentes, entre ellas la Fundación Nacional Cubano Americana, financiada por la Casa Blanca, algo considerado en diferentes países como delito de mercenarismo.

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha sido el vehículo fundamental de atención, orientación y financiamiento de la conducta de José Daniel Ferrer, en clara manifestación de intromisión en los asuntos internos de Cuba y de abierta instigación a la violencia, a la perturbación del orden y al desacato de las fuerzas del orden por parte de este ciudadano, habíamos ya publicado en Granma.  

Entre otras justificaciones para sancionar al Minint, la declaración hecha pública por Pompeo igualmente señala que el gobierno cubano mantiene en prisión a al menos 100 presos «por motivos políticos», en referencia a personas que incurrieron en acciones delictivas comunes de diversos tipos.

Asimismo, incluye en su listado de víctimas a los contrarrevolucionarios del llamado Movimiento San Isidro.

Grupo sin credibilidad pública, que pedía la liberación de Denis Solís González, supuesto joven artista censurado quien fue acusado y detenido por el delito de desacato a las autoridades.

La injustificada y unilateral medida contra el Minint se suma al anuncio que hizo esta semana el gobierno que casi concluye sobre la reinclusión de la isla en la lista de naciones que según Washington auspician el terrorismo, una disposición que expertos califican de unilateral, espuria y políticamente motivada. (Fuente: Granma).