Este miércoles se desarrolla la segunda y última jornada del Octavo Período de Sesiones de
la ANPP de su Novena Legislatura. Foto: Archivo/RHC

La Habana, 22 dic (RHC) La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) (Parlamento) aprobó este miércoles, durante su VIII período ordinario de sesiones de la IX Legislatura, la actualización del Cronograma Legislativo para 2022, el cual incluye 27 leyes.

El ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez precisó que 15 de esas normas responden a la Constitución de la República, 10 a Lineamientos y dos a propuestas de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE).

Se trata de 15 previstas en el Cronograma inicial: la del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística, la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, el Código Penal, el Código de Contravenciones, la de Ejecución Penal, la Tributaria, la de Empresas, la de Sociedades Mercantiles, y la de Patrimonio Estatal.

También la de Transparencia y Acceso a la Información, la de la Fiscalía General de la República, la de la Contraloría General de la República, la de la Administración Central del Estado, la de Salud Pública, y la de Formas Asociativas.

El titular añadió que las de Empresas y de Sociedades Mercantiles se planifican para diciembre de 2022 y no para julio de ese año como estaba previsto, atendiendo a que en 2021 se dictaron varias normas jurídicas encaminadas a lograr la autonomía del sector empresarial y otras relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que hace necesario disponer de un tiempo prudencial para consolidar y evaluar los resultados que se obtengan.

“A las leyes antes mencionadas, se suman cinco que no se aprobaron en 2021: la de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional, la de Protección de Datos Personales, la de Amparo de los Derechos Constitucionales, la del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, y la de la Vivienda”, precisó.

Silvera Martínez dijo que se prevén otras que no estaban incluidas: la de Ganadería, la de Expropiación Forzosa, la de Atención a la Población, la de los Delitos Militares, la de Protección a los Derechos del Consumidor (prevista inicialmente como un Decreto-Ley para el 2022 y se decidió elevar su rango normativo por desarrollar derechos constitucionales), y la del Proceso Administrativo Interno.

“Además, se planifica para 2022 la aprobación del nuevo Código de las Familias como resultado del proceso de consulta popular”, apuntó.

Subrayó que en cuanto a los decretos leyes para el venidero calendario se prevén 14, uno de ellos responde a la Carta Magna, cinco a Lineamientos y ocho fueron propuestos por los OACE.

Puntualizó que se desglosan en nueve previstos inicialmente sobre la Comunicación Social, los contratos bancarios y financieros, el modelo de gestión del sector agropecuario, la criptografía, la protección de la información oficial, el régimen laboral de los internos incorporados al trabajo, la generalización de las Unidades de Servicios y Trámites, el de costas, y la seguridad y protección física.

Se suman dos que no se aprobaron en 2021, sobre la migración interna y el perfeccionamiento del Ministerio de Comercio Interior, y otros tres nuevos: sobre la mediación, los regímenes laborales especiales y la administración financiera del Estado.

Agregó el ministro que se determinó que no es necesaria la presentación del Decreto-Ley sobre Comercialización de Insumos, Equipamiento y Servicios Agropecuarios, originalmente contemplado en el Cronograma Legislativo para febrero de 2022, dado que se han aprobado diferentes medidas que permiten consolidar este proceso.

Sostuvo que a partir del avance en los estudios y solicitudes de los organismos ponentes, en esta actualización se modificaron las denominaciones de siete normas jurídicas y de tres decretos leyes.

Destacó que para cada una de las normativas están constituidos los Grupos de Trabajo Temporal y definidos los cronogramas de tareas que son controlados con sistematicidad.

Mencionó, además, que el 9 de agosto y el 3 de diciembre de 2021 se realizaron fructíferos intercambios entre Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, y una amplia representación de profesionales y estudiantes del sector jurídico.

Como resultado de esos encuentros se acordó potenciar el acompañamiento de la academia desde el comienzo del proceso de elaboración de las leyes, incluir, de manera más activa, a representantes de todos los organismos que inciden en la materia objeto de regulación.

“La intención es que, desde el primer momento, tengan la coherencia y robustez requerida, y lograr una mayor cantidad de canales de participación ciudadana, lo que brindaría un carácter más transparente y democrático al proceso legislativo”, señaló Silvera Martínez.

Durante el debate parlamentario la diputada Ester Lidia Pérez Cuéllar, del municipio villaclareño de Camajuaní, preguntó por qué el cambio de nombre de la Ley de Derechos de Autor y Conexos por la Ley del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística, pues en su opinión se reduce su alcance.

La parlamentaria sugirió consultar a especialistas en las tecnologías de la información y las comunicaciones para ver el impacto o desarrollo en las redes sociales, o plataformas digitales, del asunto de la suplantación de identidad.

La intervención generó un rico intercambio con la participación del mandatario cubano, los ministros de Justicia y de Cultura, Alpidio Alonso; el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo; y el secretario del Parlamento y del Consejo de Estado, Homero Acosta.

Díaz-Canel propuso esperar al debate que se genere en la consulta de esa normativa para determinar si su nombre es el adecuado para su contenido o debe modificarse. (Fuente: ACN)