La Habana, 25 enero (RHC)  El periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,  publicó este martes una información de la Fiscalía General de la República  sobre el estado de los procesos penales derivados de los disturbios provocados el 11 de julio de 2021 en Cuba.

Para la Fiscalía General de la República constituye un deber continuar informando al pueblo y a la opinión pública internacional sobre la respuesta legal dada a los graves hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.

Como se ha explicado, estos hechos ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución.

De manera tendenciosa continúan las manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para investigar conductas constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes vigentes.

La Fiscalía General de la República, como parte de su misión, verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, y controló el desarrollo de las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior, se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones.

La Fiscalía recibió, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden. El 21 % de estas personas tenían antecedentes penales.

De estos se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento, el 69 % de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.

Del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad, contra los que se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación:

-55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad.
   
-Asimismo, 60 tienen entre 19 y 20 años de edad, de estos 41 asegurados con prisión provisional.

La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición.

La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional.

En distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (Cadeca), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte.

Las sanciones solicitadas por la Fiscalía están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad.

Como resultado de los 84 juicios realizados, la Fiscalía ha sido notificada de 44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados, los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes.

En cuanto a los menores de 16 años de edad, en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios.

La Fiscalía, acorde con su función constitucional, atendió a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y tramitó 238 quejas o peticiones. Los fiscales entrevistaron a las personas y comprobaron los elementos expuestos que se aportaron a la investigación penal. Los resultados fueron explicados personalmente por el fiscal a los promoventes, ofreciéndose los argumentos legales en cada caso.

La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos. (Fuente: Periódico Granma)