Sierra recordó que en Cuba no está permitido procesar penalmente a ningún
menor de 16 años de edad. Foto tomada de Prensa Latina

La Habana, 28 ene (RHC) Autoridades del sistema judicial de Cuba aseguraron este viernes que el proceso legal tras los disturbios del 11 de julio de 2021 en el país respetó las garantías de los detenidos y las leyes, afirmación que ratificaron  familiares de los acusados.

En un reporte del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV), el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra desacreditó el apelativo de marchas pacíficas para describir los hechos de vandalismo de aquella jornada.

«En un lugar con gran aglomeración de personas con niveles de violencia, donde se volcaron carros de la policía, donde se tiraron cocteles molotov y donde la población no salió de la casa por miedo, donde los servicios públicos fueron detenidos por los disturbios, ¿quién se atreve a decir que hubo marchas pacíficas?», cuestionó el funcionario.

Sierra enfatizó que solo se procesaron a quienes estuvieron involucrados en las situaciones descritas anteriormente y no a los que participaron en protestas en las calles donde no ocurrieron acontecimientos graves.

El experto recordó que en Cuba no está permitido procesar penalmente a ningún menor de 16 años de edad.

Explicó que el Código Penal vigente establece que «la responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible».

«Otra cosa distinta es que se hayan presentado procesos judiciales a jóvenes entre 16 y 20 años de edad, nuestra norma establece que con este rango de edad uno los puede beneficiar a la hora de dictar sentencia, pero eso es facultativo de los jueces, quienes tienen en cuenta la conducta, la participación directa, su comportamiento social», comentó Sierra.

Las autoridades del sistema judicial señalaron entre los delitos más recurrentes el pasado 11 de julio, el desacato, atentado, los daños, el desorden público y la resistencia.

Por su parte, la fiscal jefa del Departamento de Dirección de Procesos Penales, Beatriz de la Peña señaló que la investigación penal conllevó a la apertura de expedientes, un proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) controló desde el principio para aportar y reunir todas las pruebas necesarias antes de la presentación al tribunal.

“La FGR seleccionó a las personas que cometieron los hechos más graves y tuvo en cuenta aquellos individuos con más de 18 años que estaban estudiando, a quienes ofreció una atención especial”, añadió.

«Incluso hubo personas a las que se demostró que estuvieron en algunos hechos, pero no fueron llevados ante los tribunales porque esa participación no mostró agresividad», enfatizó la especialista.

Las autoridades cubanas subrayaron que todos los acusados asistieron a juicio con representación legal, contratada por ellos o de oficio.

Abogados de la defensa explicaron al NTV que actuaron sin presión, con el apoyo del sistema judicial, tuvieron acceso en todo el momento al detenido y a las pruebas recopiladas durante la instrucción para establecer una estrategia en el tribunal.

Familiares de algunos acusados ratificaron la transparencia y legalidad del proceso penal.

Keyla Domínguez, esposa de uno de los enjuiciados aseguró que las autoridades han tratado bien a su cónyuge, mientras que la madre de otro detenido, Eudanis Campos, se disculpó por el error de su hijo porque considera que él no sabía lo que hacía.

Entanto, Regla Yolanda González, madre de otro acusado, consideró que el juicio «estuvo muy bien, de todas las partes: la defensa de los abogados muy buena, la fiscal habló como tenía que hablar, la presidenta de la sala es objetiva, humana, he visto el juicio oral muy bueno».

Cuba presentó pruebas de que los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos que el país afrontaba una compleja situación por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington. (Fuente: ACN)