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La Habana, 20 feb (RHC) Con presencia en la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal provincial Popular de La Habana y familiares del acusado, se efectuó recientemente en Matanzas el juicio oral y público sobre un presunto delito de sabotaje, cometido hace ya alrededor de un año.

Un trabajador, quien se desempeñó meses antes como custodio en la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, en la occidental provincia de Matanzas, trepó el muro perimetral de la fábrica y cortó cuatro cables que conectaban la pizarra al batching plant automatizado.

Como consecuencia del hecho se produjo la paralización de las actividades de producción de materiales de la construcción de la industria que en breve período de tiempo debía cumplir con una entrega de prefabricados a la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), destinada a mejorar la infraestructura de esta última.

Además, el hecho repercutió en pérdidas monetarias valoradas en más de 174 000 pesos, si se toman en cuenta gastos posteriores en el proceso de reparación de la tecnología y lo dejado de producir en ese lapso, que impactó de modo significativo en el salario de los trabajadores del centro.

La fiscal del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía territorial de Matanzas explicó en su informe oral conclusivo que este tipo de delitos tienen alta lesividad no solo para la economía cubana, sino también para la familiar, debido al impacto de los hechos a los distintos niveles.

"Urge tomar en cuenta, además, que se realizó en un momento en el cual el país encara una lucha sostenida por reimpulsar la economía, con escasez de recursos y una apuesta constante al desarrollo en pequeños y medianos enclaves como, por ejemplo, esta industria ubicada en Jovellanos", enfatizó.

Sobre la figura delictiva de sabotaje la profesional del derecho ahondó en que, de acuerdo a la ley, incurre en una sanción de siete a 15 años de privación de libertad también quien a sabiendas de que puede impedir u obstaculizar su normal funcionamiento destruya, altere, dañe o perjudique medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares.

El ejercicio, declarado constituido en espera de una sentencia, transcurrió con respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República de Cuba.

(Con información de Periódico Girón)