por Roberto Morejón

Otro grupo de cubanos se vio involucrado en los laberintos de la emigración ilegal e insegura hasta crear una situación difícil en Colombia, cuyo gobierno solicitó al archipiélago caribeño aceptar la deportación, procedimiento cumplido recientemente.

Catorce ciudadanos cubanos que se hallaban de forma anómala en Colombia fueron deportados a su país natal con estricto apego a las legislaciones respectivas y a las normas internacionales.

Después de pasar controles sanitarios, las personas fueron enviadas a sus provincias de origen sin trámites adicionales, en concordancia con las garantías brindadas por el gobierno cubano.

De acuerdo con esas decisiones, los ciudadanos cubanos que salieron legalmente y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a su país.

Tanto en el caso de los deportados por Colombia como en el de otros grupos, se repite el intento de llegar a toda costa a Estados Unidos, atraídos por la Ley de Ajuste Cubano, después de su partida legal desde aquí.

En busca del llamado “sueño americano” y espoleados porque creen factible la suspensión de ese cuerpo legal que privilegia a los cubanos, los viajeros emprenden caminos inciertos.

Durante su aventura crean problemas a los países por donde transitan en dirección hacia el Norte, a menudo conducidos por traficantes de seres humanos que por asegurar el cobro de sumas cuantiosas, arriesgan la vida de los migrantes furtivos.

Las personas expuestas a tales procedimientos absurdos son víctimas de la politización del tema migratorio que hacen las administraciones estadounidenses.

A diferencia de lo aplicado por Estados Unidos a cualquier migrante, a los cubanos los reciben y les otorgan la residencia un año después de la llegada, por la vigencia de la controvertida Ley de Ajuste Cubano.

La acogida en tierra estadunidense es inmediata y automática sin interesar las vías y medios utilizados en su empeño, incluso ilegales.

Las dispensas a los cubanos que arriban a Estados Unidos chocan con el espíritu que debe predominar en el complejo proceso

iniciado por los dos países para alcanzar la normalización de los nexos.

Las exenciones a los cubanos son vistas con acritud por gobiernos de países latinoamericanos, escogidos como tránsito por los migrantes ilegales.

Así lo hicieron patente las autoridades de Ecuador, Costa Rica y Panamá, de una forma explícita o velada, ante situaciones comprometidas creadas por la concentración de viajeros ilegales y el consiguiente drama humanitario y económico para atenderlos.

La Ley de Ajuste Cubano se manifiesta cada día como una fuente de complicaciones adicionales para América Latina.