Por: Roberto Morejón

La administración estadounidense actual es la primera en iniciar un complejo proceso hacia la normalización de relaciones con Cuba, sin eludir la apuesta por cambios internos, con acento en el sector privado.

Una reciente Directiva Presidencial firmada por el Primer Mandatario Barack Obama abogó por darle protagonismo a la propiedad privada en la nación caribeña, tal y como lo subrayó el gobernante durante su permanencia en La Habana.

Sin desconocer el decisivo papel de la propiedad estatal en la economía de la mayor de las Antillas, el documento alude a que la extensión de los contactos económicos y de los viajes de estadounidenses refuerza el desarrollo del sector privado.

Además de recalcar que Estados Unidos “está listo para apoyar políticas del gobierno cubano que promuevan la igualdad social y la actividad económica independiente”, la Directiva aplaude lo que califica de creación en Cuba “de un sector privado, dinámico e independiente”.

La normativa le otorga responsabilidad al Departamento de Comercio y a la Administración de Pequeñas Empresas para relacionarse en particular con los negocios incipientes y cooperativas en Cuba.

La Directiva Presidencial utiliza casi cuatro mil palabras, o sea ocho párrafos, para sus consideraciones sobre la rama privada en Cuba.

Es cierto que la nueva reglamentación estadounidense establece una pauta a fin de avanzar hacia la normalización de vínculos y reconoce la independencia, soberanía y autodeterminación de Cuba.

Pero a la par insiste en la añeja óptica de la gran potencia, inclinada a persuadir y forzar a otros países a la adopción de patrones clásicos acuñados por Washington.

El énfasis en la ampliación de la propiedad privada en Cuba persigue consolidar una fracción suficientemente poderosa para cuestionar la mayoritaria gestión estatal sobre los medios de producción.

La Casa Blanca pasa por alto que el modelo cubano está respaldado por la mayoría interna y se sustenta en que el 76 por ciento de la fuerza laboral se desempeña en el espacio estatal, una tendencia refrendada por la Constitución.

Si bien esa es una realidad, también lo es que por decisión del gobierno y con el respaldo popular aumentó en Cuba la rama no estatal, con más de medio millón de personas en faenas por su cuenta.

En este país donde también conquistan terreno las cooperativas, la distribución de las fuerzas productivas constituye una prerrogativa de los nacionales, quienes estiman inadmisible el dictado de pautas desde el exterior.

El gobierno cubano insiste en trabajar con Estados Unidos en el proceso de normalización de relaciones y en que las modalidades de su sistema político-económico no son negociables.