Por Stella Calloni*

El exministro argentino de Planificación, Julio De Vido, actualmente diputado del opositor Frente para la Victoria, denunció este 1º de noviembre que el gobierno del presidente derechista Mauricio Macri quiere proscribir políticamente a la exgobernante Cristina Fernández de Kirchner después que varias encuestas revelan un “crecimiento geométrico” de su figura, para las próximas elecciones legislativas.

De Vido se presentó a indagatoria en la misma causa en que el juez Julián Ercolini citó a la ex mandataria este lunes, y no declaró pero presentó un escrito en el que rechazó los cargos que se le imputan sobre irregularidades en el otorgamiento de obras públicas en el caso del empresario Lázaro Baéz para la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur del país.

Consideró el exfuncionario que se intenta judicializar un proyecto político y criminalizar una forma de hacer política, lo que está demostrado en esta causa, una más en la persecución política del gobierno de Macri, que trata de encubrir las graves deficiencias de su gobierno.

Para esto se ha sometido a proceso penal a 17 exfuncionarios públicos al considerar “irresponsablemente en una acción más propia de una prensa amarilla que de un organismo judicial, que son parte de una asociación ilícita por haber participado en actos de gobierno”.

Recordó que la obra pública siempre ha sido “decisión del Poder Ejecutivo sometida al control del Poder Legislativo a través de la Ley de Presupuesto” y que lo realizado en Santa Cruz fue incluido en el presupuesto nacional y sometido a discusión parlamentaria; en su mayoría fueron licitadas, contratadas, ejecutadas e inspeccionadas por la Administración de Vialidad Provincial.

También recordó el exministro, al que se le han embargado todos sus bienes, que en el total de obra pública a nivel nacional, el Grupo Austral (de Lázaro Baéz) está en el puesto 38 y también solicitó como la expresidenta que se investigue la obra pública en todo el país.

Después de que Fernández de Kirchner denunció a la empresa IECSA del primo y socio de Macri, el empresario Angelo Calcaterra, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron investigar si el gobierno actual favoreció a éste en una obra de multimillonaria.

¿Futura base de Estados Unidos?

La ministra de Seguridad Patricia Bulrich firmó en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país un convenio con la gobernadora Rosana Bertone para crear un Centro de Inteligencia Regional en el lugar.

Supuestamente estaría destinado a “hacer frente al crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico”, para lo cual el gobierno nacional girará una cifra millonaria a la provincia para la compra de equipamiento destinado al nuevo organismo, lo que incluye la adquisición de móviles, tanto para la policía provincial como para las fuerzas de seguridad federales, se informó oficialmente.

Esto creó de inmediato dudas y preocupación en expertos en militarización, ya que esta decisión de Bullrich coincide con las negociaciones del Ministerio de Defensa argentino con Estados Unidos para instalar una base de este último país en ese lugar estratégico.

“No hay explicación posible para instalar un Centro de Inteligencia de estas características en un lugar tan lejano como es Tierra del Fuego y casualmente coincide con las instalaciones que negocia Washington en su proyecto de militarización regional”, señalan los expertos. El tema dará que hablar en los próximos días.

*Periodista argentina y corresponsal en su país del diario La Jornada. Es autora de “Los años del Cóndor”.

(Tomado de La Jornada)