por Roberto Morejón

Puerto Rico no resolverá totalmente la situación de su abultada deuda pública con el plan aprobado por la rutilante Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de presentarse esa entidad, impuesta por el poder colonial, como la solución a los problemas de la isla.

Recordemos que el Estado Libre Asociado, estatus que encubre la condición colonial, depende de la Junta de Supervisión Fiscal, de siete miembros, creada por el Congreso de Estados Unidos para inspeccionar las finanzas de Borínquen.

El plan fiscal expuesto por el gobernador Ricardo Rosselló ante la Junta deja un promedio de menos de 800 millones anuales para el servicio de la deuda de 70 000 millones de dólares durante la próxima década.

El proyecto cubrirá apenas una fracción de los más de 3 000 millones que el gobierno de Puerto Rico debe abonar cada año.

Los sectores de la población más vulnerables por la desigualdad existente serán castigados al implantarse las medidas adoptadas por la Junta.

El procedimiento fiscal exige recortes y nuevos impuestos a la ciudadanía que impactarán a la economía de Puerto Rico a razón de unos 39 000 millones de dólares durante los próximos diez años.

Entre las rebajas destaca la del 10% de su sistema de pensiones públicas, más controles a los servidores del Estado y eliminar los bonos de Navidad para lograr un ahorro fiscal inmediato.

Además, el plan del poder colonial pedirá concesiones significativas a los tenedores de deudas, entre los que sobresalen residentes en la isla que invirtieron en ellas y ahora enfrentan pérdidas a causa del déficit presupuestario durante la crisis financiera.

Si bien el panorama es explosivo, Rosselló cree que aunque el plan impuesto no arroja la cobertura de todos los compromisos, al menos le brinda respaldo para negociar con los acreedores.

Medios independentistas y organizaciones sociales creen que las rebajas de gastos públicos acabarán con muchas de las prerrogativas ciudadanas.

Uno de los miembros de la Junta le dio indirectamente la razón a los que así piensan.

David Skeel afirmó que “Puerto Rico está a punto de naufragar” porque ---dijo--- “El endeudamiento rebasó la capacidad interna y afronta el peligro de quedarse sin dinero incluso para cubrir los servicios elementales”.

Llaman la atención tanto las aseveraciones descarnadas del miembro de la Junta como que sus integrantes se reunieran tan lejos, en Nueva York, para decidir sobre el futuro de la isla, lo que refuerza las dudas sobre si poseen la real percepción del problema.

De manera que los puertorriqueños deben atenerse nuevamente a las curas dolorosas implantadas desde la metrópoli por un poder obstinado en que con una receta neoliberal sería suficiente para atenuar los apremios del endeudado Estado libre Asociado.