por María Josefina Arce
A los problemas de desempleo, aumento de la pobreza y el constante incremento de los precios la sociedad argentina se enfrenta a un fenómeno que se ha intensificado en los últimos tiempos: la violencia contra la mujer. El 2016 estuvo marcado por esta alarmante situación con 235 víctimas mortales, sin contar denuncias por maltrato y agresiones.
El presente año no parece mejorar. Solo han transcurrido cuatro meses y ya son noticia los casos de mujeres asesinadas, la mayoría jóvenes, violadas, o maltratadas, golpeadas y humilladas.
Campañas y el endurecimiento de las leyes no han podido poner coto a un mal que afecta al mundo entero y que en Argentina tiene una especial incidencia, a pesar de las medidas adoptadas y los programas sociales puestos en marcha durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a favor de ese vulnerable sector poblacional.
En una visita el pasado año a esa nación sudamericana la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic consideró que en Argentina aún hay mucho trabajo por hacer para lograr cumplir con las obligaciones internacionales y desarraigar actitudes patriarcales y estereotipos de género.
Iniciativas como Ellas Hacen, Asignación Universal por Hijo y el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, vinieron a mejorar las condiciones de vida del género femenino.
“ Ellas hacen”, por ejemplo, prioriza a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género y las ayuda para que puedan terminar sus estudios o les brinda oportunidades de formación en oficios y talleres de prevención de violencia y salud sexual.
Asimismo, bajo el gobierno de Cristina Fernández en 2009 se convirtió Argentina en la primera nación sudamericana en realizar una ley de protección integral contra la violencia a las mujeres.
El gobierno de Cristina Fernández también fue elogiado por mejorar los derechos de las mujeres: a finales de 2012 con una nueva legislación en la que se agravaron las penas para los delitos de violencia de género y otra que endureció las condenas para los crímenes de explotación sexual y la trata de personas.
Un año antes la presidenta prohibió por decreto la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los diarios como una medida para prevenir la trata.
En tanto, en 2013 el gobierno promulgó una nueva ley que castiga el trabajo infantil y otra que busca regularizar la situación de más de un millón de empleadas domésticas, la mayoría de quienes trabajaban de manera informal y eran también víctimas de acoso.
Los gobiernos kichneristas trabajaron por darle a la mujer el lugar que le corresponde en la sociedad y por poner coto a los femicidios y todo tipo de violencia contra ese sector, una situación que sin embargo, cada día se cobra nuevas víctimas.
Ahora está en manos del primer mandatario Mauricio Macri llevar adelante políticas gubernamentales que protejan a un sector tan vulnerable como el de las mujeres, pero no solo con la adopción de leyes que condenen los actos de violencia, sino de garantizarles su bienestar, algo en lo que ya va fallando, pues sus medidas neoliberales afectan a muchas familias argentinas, en las que las féminas son un miembro importante.
