Por María Josefina Arce

En medio de una campaña mediática sin precedentes y de acciones violentas de la derecha que han dejado más de cien muertos entre la población civil, Venezuela se apresta a realizar este fin de semana las elecciones de la Asamblea Constituyente para preservar la soberanía del país y los múltiples logros de la Revolución Bolivariana.

La nación sudamericana continuará su rumbo hacia un proyecto social más justo, afirmó el presidente Nicolás Maduro, ante las amenazas de Estados Unidos, que como es habitual cierra los ojos ante la violencia que ha llevado a las calles la ultraderecha que, como ella misma reconoce, se le ha escapado de las manos.

En los últimos días el gobierno del actual mandatario norteamericano Donald Trump impuso nuevas sanciones contra Venezuela, dirigidas contra 13 altos cargos del gobierno, militares y la petrolera estatal PDVSA.

El Departamento norteamericano del Tesoro amenazó en una declaración oficial con agregar a la lista de sancionados a cualquier persona que salga elegido para formar parte de la Asamblea Constituyente.

Asimismo, Washington está considerando imponer otras medidas de castigo sectoriales que afectarán a la industria petrolera venezolana en general, si bien por ahora no ha decidido imponerlas, según la agencia Reuters.
Washington solo quiere aplicar su hegemonía en el continente y hace oídos sordos a los reclamos de la mayoría de los venezolanos que anhelan la paz y que se congregaron este jueves en Caracas para expresar de manera multitudinaria su apoyo al proceso constituyente y repudiar el accionar de la llamada oposición, que muchos califican de fascista.

De hecho en un artículo publicado por el diario norteamericano Chicago Tribune, que cita la agencia noticiosa Prensa Latina, elementos de la derecha, que promovieron esas acciones, rechazan hoy el comportamiento de esos grupos, que los ciudadanos describen como delincuentes y matones.

Esa es la situación que vive hoy Venezuela por los afanes de la derecha de desestabilizar y crear el caos para llevar al derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Intentos de golpe de estado apoyados por la oligarquía latinoamericana, a costa del sufrimiento del pueblo.

Es así que por sexta ocasión en los últimos tres meses fracasaron los intentos de ciertos países como Estados Unidos y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de aprobar en el seno de la Organización de Estados Americano una resolución contra Venezuela.

El fallido texto de manera injerencista solicitaba al gobierno de Nicolás Maduro retirar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección se realizará el próximo 30 de julio.

En la sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde Brasil recibió la Presidencia pro témpore, fue rechazado el documento de manera abrumadora por la mayoría de las naciones, entre ellas, los miembros de la CARICOM, Comunidad de Estados del Caribe, que reiteró la posición acordada por los jefes de Estado del Caribe a principios de julio en Granada.

En esa ocasión el bloque regional llamó a la comunidad caribeña a no intervenir en los asuntos internos de Venezuela, al tiempo que condenó la violencia desatada por la derecha que afecta fundamentalmente a la población civil.

Venezuela aboga por la paz, por eso el gobierno de Maduro nunca ha dejado de insistir en la necesidad de un diálogo entre todos los venezolanos para juntos hallar solución a los problemas que afectan al país. La violencia y la intervención en los asuntos internos nunca ha sido una opción para la mayoría de la sociedad de la nación sudamericana, esa mayoría que desea trabajar por el bien del pueblo.