Por Guillermo Alvarado (RHC)

Guatemala vivió una tormenta política y social esta semana cuando el presidente Jimmy Morales decidió de manera abrupta declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, el colombiano Iván Velásquez y ordenó su expulsión inmediata del país, lo que generó protestas y malestar en esa nación centroamericana.

Morales visitó la sede de la ONU en Nueva York el viernes 25 de agosto donde presentó una queja contra Velásquez ante el secretario general, Antonio Guterrez, pero recibió como respuesta que el funcionario goza de plena confianza en la máxima organización internacional.

No obstante, el jefe de Estado guatemalteco decidió deshacerse del comisionado, pero chocó contra la opinión pública e, incluso, con varios miembros de su gabinete hasta que la Corte de Constitucionalidad suspendió la orden de expulsión.

La CICIG no forma parte de los acuerdos de paz firmados en 1996 para poner fin a un conflicto armado interno de 36 años, pero de alguna manera emana de ese proceso, uno de cuyos objetivos fue la reestructuración del Estado y la eliminación de cuerpos clandestinos de seguridad o grupos mafiosos incrustados en las instituciones al amparo de la prolongada guerra.

El problema es que no existía en Guatemala un organismo con el poder y la independencia suficientes, así como la integridad capaz de enfrentar a los grupos ilegales, toda vez que los tentáculos de la corrupción llegaban prácticamente a todos los rincones de la administración pública.

Se acordó entonces que la única manera de realizar la tarea era crear una comisión manejada por la ONU y financiada por la comunidad internacional, dirigida por un jurista foráneo y personal local y extranjero para poner fin a los cuerpos clandestinos, lo que abrió de inmediato la discusión sobre si esto significaba violentar o no la soberanía nacional.

El tema se resolvió dando a la CICIG la autoridad para investigar, pero sin capacidad para actuar por su cuenta ante los aparatos de justicia, una potestad que quedó en manos del Ministerio Público. La Comisión, entonces, sólo puede presentarse como querellante adhesivo en los tribunales.

Esto implica un trabajo muy estrecho con la fiscalía, lo que no se logró en los primeros años luego de su creación, el 12 de diciembre de 2006 y su aprobación por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.

En los últimos años su trabajo ha sido intenso y logró importantes victorias contra el crimen organizado y la corrupción, siendo el más significativo desmantelar una red encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes guardan prisión en espera de juicio.

Para muchos guatemaltecos la CICIG representa la última esperanza de sanear un Estado que ha sido intrínsecamente corrupto y poner fin a los desmanes de políticos y funcionarios que medran con los escasos recursos públicos.

La discusión continúa, pero lo cierto es que esa entidad y su jefe, Iván Velásquez, gozan de mucho prestigio en el país, algo que el presidente Morales pudo conocer en propia piel en el curso de esta semana en un debate que le pudo costar el cargo.