Por: Guillermo Alvarado

Transcurridos casi 40 meses de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de una escuela formadora de maestros en el municipio mexicano de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, los familiares de las víctimas no han recibido una explicación creíble de las autoridades y las investigaciones sobre este crimen permanecen estancadas.

En septiembre de 2014 un grupo de alumnos se trasladó hacia la ciudad de Iguala para participar en una manifestación en demanda de mejores condiciones de estudios, pero fueron interceptados por hombres armados, entre ellos miembros de la policía municipal, quienes supuestamente los entregaron a una banda de narcotraficantes que los eliminaron.

La Procuraduría General de la República, PGR, difundió la versión de que los cadáveres fueron incinerados totalmente en un basurero cercano, pero un peritaje científico demostró la falsedad de esa hipótesis porque para calcinar tantos cuerpos habría sido necesario emplear una cantidad de combustible inexistente en el lugar.

Abogados de los familiares señalaron que hasta el momento la PGR sólo ha cumplido el 30 por ciento de los compromisos asumidos para aclarar el destino de los estudiantes y la mayor parte de las indagaciones aún están pendientes, por lo que no se puede asumir una conclusión de ninguna naturaleza.

Entre las acciones por realizar está la captura de varios policías municipales de Iguala, que habrían participado en la detención y secuestro de los jóvenes, y que todavía están en libertad.

Tampoco se ha adelantado nada sobre la investigación acerca de si algunos elementos del ejército mexicano habrían participado en el hecho. Hasta el momento la Secretaría de Defensa se ha negado a que se realice una inspección en un cuartel cercano, donde se sospecha que varios de los secuestrados pudieron estar encerrados varios días antes de su asesinato.

De acuerdo con testigos, los teléfonos celulares de algunos de los estudiantes estuvieron activos varios días después de su presunta muerte e incineración.

A medida que transcurre el tiempo son más las interrogantes que se acumulan, entre ellas el papel jugado por los aparatos de seguridad en un crimen que ha causado repudio y condena en distintos lugares del planeta y que será una mancha permanente en el expediente del presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha limitado a hacer promesas que luego no se cumplen.

Los padres de los desaparecidos intentaron entrevistarse con el nuevo titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, para establecer con él un canal permanente de comunicación y plantearle sus demandas, pero éste se negó a recibirlos.

Las autoridades mexicanas parecen olvidar que la desaparición forzada está considerada como un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que se sigue cometiendo hasta conocerse cuál fue el destino de la víctima. Tarde o temprano, entonces, los responsables por acción o por omisión tendrán que enfrentar a la justicia y recibirán merecido castigo, si bien mientras tanto el dolor y la desesperanza seguirán agobiando a casi medio centenar de familias mexicanas. FIN