Por María Josefina Arce

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene un fuerte pulseo con algunos representantes del sistema judicial de Estados Unidos. La inmigración es el tema que mantiene enfrentadas a ambas partes, dada la política de intolerancia puesta en marcha por el mandatario que afecta a numerosas familias de origen latino.

El más reciente enfrentamiento tuvo como origen el decreto firmado este mes por el inquilino de la Casa Blanca para denegar automáticamente el pedido de asilo a las personas que entran ilegalmente en territorio estadounidense.

En las últimas horas un juez de distrito de la ciudad de San Francisco emitió una orden temporal contra la orden presidencial, en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos civiles.

La unión Estadounidense de Libertades Civiles afirma que la ley estipula que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en el país, independientemente de si lo hace legal o ilegalmente.

Es una de las tantas ordenes de Trump contra los inmigrantes que la justicia obstaculiza, ante las denuncias de organizaciones que las califican de discriminatorias y xenófobas.

En octubre pasado un magistrado federal de California bloqueó temporalmente los planes del gobierno de terminar con el TPS, Estatus de Protección Temporal, para los inmigrantes de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán, lo que afectaría a unas 300 MIL personas.

Bajo el programa TPS, creado en 1990, a estas personas se les había permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante décadas, luego de que sus países fueran afectados por conflictos armados y serios desastres naturales.

Unos 19 estados y 34 ciudades y condados presentaron informes para respaldar el fallo del juez de California, que sin embargo, recordaron organizaciones de derechos civiles es algo temporal que tendrán que seguir defendiendo en tribunales y en las calles.

El hecho es que desde la campaña para los comicios de 2016 y desde que asumiera la presidencia en enero de 2017, el racismo y el odio ha caracterizado el discurso de Trump, quien además se ha dado a la tarea de intentar no solo bloquear la entrada al país de ciudadanos de otras naciones, sino de expulsar a muchos que desde hace años viven en ese territorio.

La obsesión del gobierno del presidente Trump ha llevado a que incluso, se pongan metas a los jueces de inmigración y utilizar esta herramienta como instrumento de calificación de sus desempeños.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración refutó en duros términos las recientes medidas adoptadas en el marco de la política de “tolerancia cero” y cuyo objetivo es perseguir y castigar la inmigración, principalmente indocumentada.

La asociación señaló que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementadas en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día justo en corte”.

Las críticas y protestas por la postura de Trump no cesan, pero el presidente sigue empeñado en su discurso de odio y racismo, olvidando que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, que mucho han aportado a la economía local.