Por María Josefina Arce

Bolivia se ha convertido en el nuevo objetivo de la política injerencista de Estados Unidos, que en su arrogancia y prepotencia se cree con derecho a juzgar los sistemas políticos de otras naciones, sobre todo de América Latina, que continúa viendo como su patio trasero.

En las últimas horas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con bloquear la financiación internacional a Bolivia, por considerar unilateralmente que el país sudamericano no cumple con los parámetros de la lucha contra el tráfico de personas y el trabajo infantil.

No es nueva esa estrategia estadounidense, ya la ha empleado contra otros países del área como Cuba, Venezuela y Nicaragua, contra los cuales desarrolla una guerra económica, con el fallido objetivo de desestabilizar a los gobiernos elegidos democráticamente en las urnas.

De chantaje calificó el primer mandatario boliviano, Evo Morales, el anuncio de Washington y alertó que esta es una muestra de lo que ocurrirá en la campaña con vistas a las elecciones generales de 2019, a las que se presentará para un nuevo mandato.

Pero Morales dejó claro que Bolivia no es un país mendigo y no estirará la mano esperando dádivas.

De hecho la ayuda financiera estadounidense se cortó de raíz cuando las autoridades bolivianas expulsaron de su territorio, a fines de 2008, al embajador estadounidense y a otras oficinas de ese país como la agencia antidrogas DEA y la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por acciones en contra de la soberanía boliviana.

Morales recalcó que la nacionalización en 2006 de los hidrocarburos ha permitido a la nación despegar económicamente por sí misma y dejar atrás el fantasma del sometimiento y la dependencia.

Una afirmación corroborada por el sostenido crecimiento económico de la nación andina que en los últimos años se ha mantenido a la vanguardia en ese aspecto en América del Sur, con un alza de cerca de 5 por ciento de su Producto Interno Bruto.

Lo cierto es que la actitud norteamericana desconoce los avances del estado plurinacional en el enfrentamiento a la trata de personas y el trabajo infantil. De hecho desde su llegada a la presidencia Morales ha puesto en marcha políticas a favor de la niñez, la juventud y demás sectores poblacionales, a los que ha garantizado entre otros derechos humanos el acceso a la salud y la educación.

Una encuesta, realizada por las autoridades, reveló que el trabajo infantil se ha reducido 50 por ciento en la nación, al disminuir de 800 MIL menores que realizaban una actividad laboral en 2008 a 393 MIL en 2016.
El sondeo mostró igualmente que las actividades laborales peligrosas realizadas por infantes se redujeron 79 por ciento en el mismo período.

El gobierno efectúa diversas acciones para eliminar el trabajo infantil, desde la implementación de medidas de enfrentamiento hasta campañas para sensibilizar a la sociedad sobre esa problemática.

No obstante a los avances registrados, las autoridades están comprometidas con reducir este tipo de explotación, principalmente el trabajo peligroso en sectores como la minería, al tiempo que expresan su disposición de informar a cualquier organismo internacional sobre este tema y sobre las acciones que realiza el país en su enfrentamiento también a la trata de personas.