Por: Guillermo Alvarado

La sociedad mexicana se vio conmovida en estos días por la ejecución de una periodista y un dirigente social ocurridos en el estado de Tabasco, en el sureste del país, otra muestra de que a pesar de los esfuerzos del gobierno la violencia sigue imperando en esa nación latinoamericana.

Norma Sarabia, quien se desempeñaba como corresponsal del diario Tabasco Hoy en el municipio de Huamanguillo, fue ultimada a tiros el martes frente a su vivienda cuando había terminado su jornada de labores.

Un día antes fue asesinado en la localidad de Emiliano Zapata el líder de la Unidad de Manejo Ambiental Los Saraguatos, José Luis Álvarez.

En ambos casos las víctimas habían denunciado amenazas de muerte vinculadas con sus actividades, pero no recibieron la protección adecuada.

La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó ambos ataques y exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga una investigación a fondo, para dar con los responsables materiales e intelectuales de esas muertes.

Desafortunadamente en ese país la persecución, amenazas y asesinato de periodistas es un mal bastante añejo. En 1984 el ataque mortal contra el comunicador Manuel Buendía por sus revelaciones acerca del trabajo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en México causó una gran conmoción en esa sociedad. Transcurridos 35 años esos casos casi forman parte de la vida cotidiana.

Desde el año 2000 murieron de forma violenta 127 periodistas, de ellos 117 hombres y 10 mujeres, incluyendo el caso más reciente, y en lo que va de la administración de López Obrador, es decir a partir del 1 de diciembre de 2018, suman siete.

En la mayoría de los casos las investigaciones permanecen estancadas y los autores siguen impunes, lo que convierte a esa nación en una de las más peligrosas para el ejercicio de esa profesión.

No es mejor la situación de los activistas por los derechos humanos, los defensores del medio ambiente y de las comunidades campesinas e indígenas.

Solo en 2018 fueron asesinados 48 líderes sociales, cifra que está por detrás de la registrada en Colombia, que tiene con 126 homicidios de este tipo el peor récord en toda la región.

Decir la verdad u oponerse a la acción depredadora de las transnacionales y los llamados megaproyectos suelen a menudo resultar acciones fatales. Luis Álvarez era conocido por sus reiteradas denuncias sobre la sobreexplotación de los recursos naturales en Tabasco y esa pudo ser la causa de su muerte.

México, Colombia y Brasil son los más afectados por este azote, pero muchos casos ocurren también en otros lugares, como Guatemala, Honduras, Chile o Ecuador.

La esperanza para muchos mexicanos es que a medida que se consolide el gobierno actual las cosas vayan mejorando, pero de momento aún la muerte sobrevuela de manera persistente sobre ese pueblo, que por su nobleza, carácter y cultura merece mejor destino.