Por: Guillermo Alvarado

Desde que se instaló en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció las medidas y la persecución contra quienes salen de su lugar de origen con la intención de entrar a ese territorio en busca del esquivo sueño de una vida mejor en el reputado «país de las oportunidades».

El arribo de caravanas con decenas de miles de personas hasta la frontera sur lo llevó a amenazar al gobierno mexicano con aplicar aranceles suplementarios a todas las importaciones desde esa nación, a menos que hiciese algo para impedir ese flujo de migrantes.

También chantajeó a Guatemala, El Salvador y Honduras para que aceptaran firmar acuerdos de «tercer país seguro», con el propósito de enviar hasta allí a quienes no califiquen, o tengan que esperar mucho tiempo antes de ser elegidos para residir en territorio estadounidense.

Esto constituye una cruel paradoja, porque precisamente el llamado «triángulo norte centroamericano» es el mayor emisor de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, empujados por la pobreza, la inseguridad y la violencia.

Todo esto se sumó a una implacable persecución contra los indocumentados que ya habían arribado a la potencia norteña, así como la aplicación de medidas inhumanas en la línea de demarcación, entre ellas la separación por la fuerza de padres e hijos.

Este conjunto de polìticas provocó una disminución en el tránsito por territorio mexicano en busca de la frontera, es cierto, pero también benefició a las mafias de traficantes de personas, un resultado realmente inesperado.

Una investigación realizada por la agencia estadounidense AP, y publicada por el diario mexicano La Jornada, revela que a pesar de las restricciones, el crimen organizado está ganando entre cuatro mil y seis mil millones de dólares al año por la explotación de los migrantes.

Estos grupos, indica el texto, controlan prácticamente todos los puntos de cruce en la frontera y deciden quién, cómo y cuando pasa al otro lado, según lo que estén dispuestos a pagar.

Las medidas contra los migrantes incrementan las dificultades, pero eso lo compensan haciendo cobros abusivos a las personas. En estos momentos la tarifa básica de un viaje desde Centroamérica ronda los 10 mil dólares, precio que se va incrementando a medida que se acercan a la meta.

Los coyotes, o polleros, los transportistas, los dueños de las casas donde pernoctan o aguardan una fecha, todos, deben pagar una cuota a las mafias, que por lo regular son los mismos carteles del narcotráfico, para poder trabajar.

Hay poblados pegados a la línea divisoria, donde entrar cuesta entre 25 y 50 dólares, y la salida, ya directo a la frontera, 500 dólares más.

Jugoso negocio alimentado por las políticas irracionales de Trump, que considera a la migración no cómo un derecho de los seres humanos, sino un crimen o una invasión.