La corrupción en Ecuador en torno a la Covid-19

Eldonita de Maite González Martínez
2021-02-01 07:48:53

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Por María Josefina Arce

América Latina sigue lamentablemente aportando un número considerable de contagiados y fallecidos por la COVID 19 a las estadísticas mundiales. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus  dejó al descubierto la debilidad de gran parte de los sistemas sanitarios en la región.

Pero también ha estado rodeada en algunas naciones latinoamericanas de  escándalos de corrupción y abusos de poder en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos. 

Ese es el caso de Ecuador que a la ineficiente gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno para enfrentar la dolencia ha sumado irregularidades en la compra de insumos médicos y de protección y el tráfico de influencias en el proceso de vacunación.

A mediados del pasado año, en medio de una complicada situación por la pandemia, salieron a la luz irregularidades en la compra de mascarillas, pruebas diagnóstico y bolsas para transportar a los fallecidos.

Indebido fue el uso del dinero público en cerca de 200 contratos, que investiga la Contraloría. El escándalo llevó al cese de sus funciones del director del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, del representante del ejecutivo en el Seguro Social y de la directora de la Secretaría de Riesgos.

También fueron separados de sus puestos el secretario de Salud de Quito, la capital, y el prefecto de Guayaquil, que terminó preso y con cargos penales.

La Fiscalía investiga ahora al ministro de Salud  Juan Carlos Zevallos, tras denuncias de varios sectores de tráfico de influencias en el proceso de la distribución de las vacunas.

De acuerdo con las denuncias, familiares del titular, entre ellos su madre, que viven en un centro geriátrico de una clínica privada fueron vacunados por una brigada de un hospital público.

El pasado 21 de enero arrancó la inmunización en Ecuador, que en primer momento llegaría al personal de primera línea de atención médica, adultos mayores de centros geriátricos y sus cuidadores.

Pero la polémica estalló pues el fármaco inoculado a los parientes de Zevallos había sido asignado al hospital Pablo Arturo Suárez, una institución pública que fue destinada a la atención de pacientes con COVID 19.

También se conoció que personal administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue vacunado,  a pesar de no estar en la primera línea de lucha contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Ya se han escuchado múltiples voces, entre ellas la de la Asamblea Nacional, en reclamo de la destitución de Zevallos, quien no ha admitido el irregular proceder a favor de sus familiares, privando a otros del inmunizante.

Los ecuatorianos han vivido momentos difíciles por la pandemia y no han contado con una respuesta efectiva del gobierno, fuertemente cuestionado por su abandono de los más humildes, la desatención del sistema sanitario y los escándalos por abuso de poder y mal manejo de los fondos públicos.



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