Por María Josefina Arce
América Latina está considerada como una de las regiones más letales para los defensores del planeta. Solo en 2019 fueron asesinados más de 210 ambientalistas, un incremento del 30 por ciento respecto al año anterior.
Cuarenta por ciento de estos crímenes correspondieron a líderes indígenas y defensores de sus tierras ancestrales.
Siete de las naciones con mayor número de acciones de este tipo se localizan en la región, una de ellas es Honduras, donde constantemente se reportan agresiones contra defensores de la Madre Tierra.
Proyectos mineros, forestales, agrícolas e hidroeléctricos atentan contra los pueblos autóctonos, decididos a proteger sus territorios ancestrales y fuente de vida.
Ese es el caso de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada hace cinco años por oponerse a la construcción por la empresa DESA, Desarrollos Energéticos S.A, de la hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, sagrado para la comunidad Lenca.
Un lustro después de que fuera ultimada en su casa, la familia de Cáceres todavía espera porque sean llevados ante la justicia los verdaderos responsables del crimen, quienes permanecen impunes y en libertad.
La pasada semana se había iniciado el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, presunto autor intelectual del asesinato de la activista indígena, quien en 2015 había recibido el Premio ambientalista Goldman.
Horas después fue suspendido hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre un recurso presentado contra el Tribunal de Sentencia por la defensa de Castillo, ex militar, único directivo de DESA llevado ante la justicia.
En 2018 fueron condenadas siete personas, que de acuerdo con el Tribunal Penal Nacional de Honduras habían sido contratadas por la empresa para ultimar a Berta Cáceres. Todo el proceso estuvo signado por numerosas irregularidades, denunciadas por los allegados a la activista indígena.
Sus familiares nunca fueron informados oficialmente de los arrestos, se les excluyó totalmente de las investigaciones y fueron, junto a sus abogados, expulsados del caso, dejando su representación en juicio al Ministerio Público, ampliamente criticado por su accionar.
La comunidad Lenca no ha dejado de exigir justicia. Considera que detrás del asesinato de Cáceres y de otros hechos de este tipo está la oligarquía empresarial hondureña y el estado, responsable por autorizar obras como Agua Zarca que, aunque paralizada, es aún una amenaza para el ambiente, pues es una concesión por 50 años.
